Perú: Lejos de salir de la crisis

La democracia en el Perú agoniza. El ingreso de Dina Boluarte al poder no solo ha significado el incremento de una crisis política que se ha evidenciado en seis presidentes en los últimos siete años. Este gobierno ha agregado un elemento infame más: la muerte de más de 60 peruanas y peruanos en torno a las protestas.

Tras el intento fallido de un autogolpe del expresidente Pedro Castillo, su captura y encarcelamiento, y la asunción constitucional de la vicepresidente Boluarte, parte de la ciudadanía, ubicada especialmente en el sur del país, comenzó a manifestarse. Las protestas no eran homogéneas ni de solicitudes ni de forma. Algunos ciudadanos pedían la liberación de Castillo, el cierre del Congreso o la renuncia de Boluarte; otros, tenían clamores relacionados con injusticias sociales históricas, como la provisión de servicios estatales básicos; mientras que también existían aquellos que marchaban por la protección de sus intereses particulares, relacionados con industrias ilegales. La expresión de la protesta también fue distinta, desde las más pacíficas, con caminatas y pancartas, hasta las más salvajes, como la calcinación de un policía, pasando por la quema de establecimientos. Ante esta heterogeneidad, se lograba destacar un clamor en común: el adelanto de elecciones.

La presidenta Boluarte, en su asunción del cargo, indicó que iba a completar el mandato presidencial hasta el 2026. Sin embargo, debido a las protestas, señaló el adelanto de elecciones al 2024. La clase política fue muy optimista: para impedir nuevas crisis, se enfocarían en la generación de una reforma electoral y política.

Diversos temas fueron puestos en la mesa, como la bicameralidad, la reelección parlamentaria, la reducción de los distritos electorales, entre otros. No cabe duda que son temas importantes y que se necesitan discutir en la búsqueda de fortalecer a nuestros partidos políticos desinstitucionalizados. Sin embargo, este escenario también fue aprovechado por algunos congresistas —que acusaron sin fundamento de un supuesto fraude electoral— para atacar a las instituciones electorales, pidiendo la remoción de sus autoridades. La miopía de las y los representantes, concentrados en sus propios intereses, permitió el escalamiento de las protestas sociales.

El diálogo con la ciudadanía fue reemplazado por la represión desmedida por parte de la policía y las Fuerzas Armadas. Aquellos que marchaban fueron tildados como terroristas, como personas azuzadas a protestar por Castillo, como vándalos, como extranjeros, etc. Así, en lugar de asumir la complejidad de las protestas, parte de la ciudadanía fue invisibilizada por quienes debían darles voz. Los manifestantes no merecían ser oídos. Y con ello, lamentablemente, sus muertes fueron justificadas por parte de las autoridades. No era extraño escuchar a miembros del Congreso de la República pidiendo más fuerza represiva y a la presidente Boluarte indicar que las fuerzas del orden habían actuado respetando los protocolos. Unas muertes parecen no contar.

“Puno no es el Perú” dijo la presidente, este martes 24 de enero, tras el incremento de las protestas en una de las regiones más pobres del Perú. Olvidando que días antes, más de una quincena de peruanos fallecieron en esa región en torno a las protestas. Por su parte, el Congreso de la República no ha aprobado la propuesta de adelantar las elecciones para este año. En el Perú, tenemos autoridades que no logran ver la gravedad de la situación. Representantes que no representan. Ciudadanos huérfanos del sistema democrático. No hay una receta mágica para salvar del Perú, pero tampoco voluntad de nuestra clase política para combatir la crisis. Incluso el adelanto de elecciones —tan aclamado por la ciudadanía— no será una victoria. Como indicaba Marco Martos en su poema llamado El Perú: No es este tu país.