El estado de emergencia decretado ayer por el presidente Pedro Castillo no tiene justificación, y es cuestionable tanto en el fondo como en la forma. En el fondo, la medida es inconstitucional. La medida decretada no tiene motivación ni proporcionalidad. Se basa en información especulativa y es altamente restrictiva en derechos. La “solución” termina siendo más lesiva y problemática que todo lo que supuestamente intenta proteger el Estado.
En cuanto a la forma, ha sido una medida pésimamente gestionada. Tomó por sorpresa a la ciudadanía, lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios públicos y el trabajo de las personas. Eso termina siendo una falta de respeto al ciudadano, y ocurre cuando tomas una medida que no mira a la persona como el eje de las decisiones públicas.
El gobierno tiene que hacer una profunda reflexión sobre lo que está sucediendo. Con esta medida se ha traído a la población en contra. Como ciudadanos, no podemos permitir que estas medidas inconstitucionales se prolonguen o se repitan.
Creo que esto es una alerta roja para el gobierno. Hay que esperar a lo que pase en el Congreso, pero creo que si faltaban votos a favor de la vacancia, este tipo de acciones generará mayor adherencia en contra de la gestión del presidente.
Por otro lado, se está generando un caldo de cultivo para mayores enfrentamientos, y eso no debería permitirse. Cualquier medida gubernamental debe ser pensada para gestionar un problema, pero esta medida empeora la situación. Estamos en un momento complicado en el país, donde debemos tener todas las alertas para prevenir una situación de caos y convulsión social.
En el Ejecutivo existe un sistema de gestión de conflictos sociales, y no puede ser que su respuesta sea un decreto de estado de emergencia. Deben existir filtros de prevención, alertas tempranas, donde se indique que el caos está naciendo y gestionar para no llegar a lo que vivimos en este momento. Los conflictos mineros o las huelgas de transporte no son cuestiones que salen de un momento a otro, vienen de largo tiempo. Algo está fallando para que estas alertas no se activen oportunamente.
Hay que precisar que la crisis es generalizada, no solo desde el gobierno sino también desde el Parlamento. En el Congreso hay una falta de voluntad política para ponerle fin a estas cuestiones y discutir de fondo qué necesitamos para reformar nuestro sistema político. Se aferran a sus puestos, los propios parlamentarios también, y eso termina siendo lesivo, porque nadie quiere comprarse el pleito de una reforma política que podría causar la pérdida de su posición.
¿Qué vendría después? Si se quiere poner paños fríos, al menos tendríamos que tener una salida constitucional: puede ser una renuncia, puede ser una vacancia. Los mecanismos están allí.
Independientemente de ello, hay una crisis de gestión profunda en el Poder Ejecutivo.
Esta es responsabilidad del gobierno.
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