Uruguay: ley o incertidumbre

El domingo Uruguay dilucidará en las urnas una decisión que va más allá del Referéndum sobre la derogación o no de la Ley de urgente consideración, que es formalmente el motivo de la cita. Decidirá qué país quiere ser.

La ley 19.889, popularmente conocida como LUC (Ley de urgente consideración) es una ley votada por el Parlamento y que contiene el ADN de la coalición de gobierno que hoy conduce los destinos del país. Sus contenidos no son nuevos ni entraron por la ventana, son el cumplimiento a los compromisos asumidos allá por noviembre de 2019 cuando el Pueblo uruguayo eligió a Luis Lacalle Pou como su Presidente.

El fracaso estrepitoso de quince años de gobierno del Frente Amplio en materia de seguridad, educación, relaciones laborales, manejo de las finanzas públicas, y cuestiones vinculadas a la economía diaria de los uruguayos hizo muy clara la lectura sobre cuál debía ser la hoja de ruta y el rumbo inmediato del nuevo gobierno. El mandato de la ciudadanía fue fuerte y claro, y esos contenidos se plasmaron en la LUC, que en definitiva tiene un valor supremo, el de la palabra dada y el compromiso cumplido.

Sus contenidos en materia de seguridad se traducen en proteger al ciudadano, castigar al delincuente y respaldar fuertemente a la Fuerza Policial. Para ello se crearon delitos como el de “Agravio a la Policía”, para recuperar el respeto y la jerarquía de la investidura policial, o se legisló sobre la “Legitima defensa presunta”, una reivindicación del Sindicato Policial que consiste en la presunción de que su accionar es en ejercicio de la legitima defensa (obviamente con todas las garantías y equilibrios que limiten excesos de algún tipo). Esto no solo ha logrado bajar notoriamente los delitos de homicidio (23,7%), hurtos (19,9%) y rapiñas (18,8%). No trajo los abusos policiales (siempre al orden del día de una izquierda prejuiciosa e ideologizada), sino que bajaron los índices en esa materia de los malos funcionarios, que hoy son castigados con todo el peso de la ley. Cuidar a quienes nos cuidan es una visión de este gobierno, por lo cual quitarle el respaldo si se derogara la LUC sería una muy mala señal. Ese no es país que queremos ser, ni merecemos ser.

En materia de educación la LUC cambió el rumbo a través de modificaciones a la gobernanza educativa de los organismos públicos que conducen las políticas públicas en la materia. Agilizando, “deburocratizando”, premiando a los buenos docentes y rompiendo las “chacras” que hacían un sistema lento y malo, que nos llevó a ser los peores de la clase en América Latina cuando supimos ser los mejores.

Esos malos índices de deserción estudiantil, de repetición, de resultados tristísimos en las Pruebas Pisa, solo evidenciaron la necesidad urgente de cambiar. Claro, a los sindicatos que fueron no solo testigos sino protagonistas de ese retroceso no les gustaron los cambios (que leyeron como pérdida de privilegios) y se han movilizado en contra de esta Ley. Por eso la instancia del Referéndum determinará si ganan los cambios o el “dejá todo como está” (y estaba realmente mal).

Pero hablemos ahora de relaciones laborales, uno de los puntos donde han estribado los agoreros del mal, los profetas del apocalipsis para criticar una ley que según ellos quita derechos y según otros otorga derechos y equilibrios. La LUC establece un equilibrio (recomendado en reiteradas ocasiones por la OIT) donde el trabajador huelguista puede legítimamente ejercer su derecho a huelga, pero no puede impedir al trabajador que no adhiere a la huelga que entre a su trabajo, ni tampoco al dueño del establecimiento que entre a su fábrica o comercio.

En estas reglas tan claras está el pilar de la seguridad jurídica y financiera que genera empleo y desarrollo. Evidentemente derogarlo implicaría un retroceso a favor de los excesos sindicales, que terminan en una situación de sindicato abierto con fábrica cerrada. Pero además es una señal peligrosísima a quienes han invertido en Uruguay durante la vigencia de la LUC y sus reglas (20 meses en los que solo hemos visto avances y desarrollo) y de los que están mirando atentos el resultado del domingo para invertir.

El aumento de la inversión directa extranjera no es obra de la casualidad. Es producto de un país que en medio de la incertidumbre de una pandemia se posicionó como una oportunidad más que atractiva donde aterrizar sueños y capitales, que trajeron no solo empresas sino miles de familias que creen en Uruguay como un faro de republicanismo y democracia.

La falta de certezas y la posibilidad siempre latente de excesos (por no tener normas que los impidan) ahuyenta al capital, y con el al trabajo que genera. Uruguay deberá decidir qué país quiere ser. Uno que juega con reglas claras y estables, o uno que baraja y da de nuevo al impulso de corporativismos que pierden privilegios y partidos que especulan pensando en las próximas elecciones más que en las próximas generaciones.

La libertad como valor supremo tendrá una batalla enorme donde sus defensores deberán protegerla de los embates de aquellos que idolatran sistemas populistas y pretenden seguir modelos que han fracasado con total éxito en el mundo, especialmente en América Latina. Uruguay deberá decidir en las urnas si avanza o retrocede, si elige cambio o conservadurismo, si elige ley o incertidumbre.