Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador
Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador

Los 600 metros de ancho que tiene el río Suichate en el Paso del Coyote es el único obstáculo que divide Centroamérica del último país antes de llegar a Estados Unidos. Allí, en la frontera entre Guatemala y México está la raíz de la áspera disputa entre los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Por ese lugar pasan todos los que huyen del hambre y buscan una mejor vida en la economía más rica de la Tierra. Vienen de El Salvador, Nicaragua, Venezuela, pero también de Bangladesh, Siria y China. Cada vez hay más migrantes de fuera de las Américas. Una vez que los "camareros" que mueven las balsas desde el último pueblo guatemalteco, Tecún Umán, hasta la mexicana Tapachula, logran su cometido, los inmigrantes pagan los 20 pesos mexicanos de rigor y siguen viaje, entre una nube de mosquitos, hasta la primera estación de trenes donde se montarán a un convoy de carga que los deje en el otro río, el Grande, el Bravo, el que los acerca al tan mentado Sueño Americano. Ese es el lugar que Trump exige a AMLO que selle absolutamente para no tener más crisis en Texas o California.

La última gran ola de migrantes en la frontera estadounidense, el 29 de mayo pasado, causó -una vez más-, la irritación de Trump. Una cámara de seguridad mostraba las imágenes de esa madrugada en la que cientos de personas cruzaron corriendo un canal de aguas pluviales que divide la ciudad mexicana de Ciudad Juárez y la estadounidense de El Paso. De inmediato, el presidente tomó su celular y comenzó a gatillar tuits. Aseguró que la Patrulla Fronteriza había detenido al "mayor grupo de extranjeros ilegales de todos los tiempos". No era así. En total fueron 1.045 personas. Pero la irritación tan conocida de Trump no se detuvo allí. Dos horas más tarde anunció que impondría sanciones arancelarias contra México si no se detenía el flujo migratorio.

En mayo se produjo una verdadera explosión de inmigrantes intentando entrar en Estados Unidos. La Patrulla Fronteriza detuvo a 132.887 personas y rechazó la entrada de 11.391 más en los puntos de control. Todo esto, dentro de un aumento constante desde hace dos años. En 2018 fueron cerca de 600.000 los indocumentados arrestados cruzando en forma clandestina, y en los primeros cinco meses de 2019 ya se produjeron casi 500.000 detenciones. Hay varios factores para explicar esta crisis. El primero es que circula la creencia de que es "ahora o nunca". Por las redes sociales se insta a los que quieran llegar a Estados Unidos a hacerlo en este momento porque en el medio de la crisis "será más fácil". Sarah Pierce, del Instituto sobre Política Migratoria, un centro de análisis con sede en Washington, cree que "las políticas severas y erráticas de Trump con respecto a América Latina contribuyen a la necesidad apremiante de migrar que sienten muchos en Centroamérica. Esto ha generado un caos a lo largo de la frontera sur y realmente ha creado urgencia en las mentes de los migrantes que piensan que tienen que venir ahora antes de que llegue el próximo martillazo".

También está la manera diferente de migrar. Desde hace algunos meses se organizan grandes caravanas de gente para tener una mayor seguridad ante los ataques de "mareros" (pandilleros) y traficantes. Y a diferencia del pasado, estos grandes grupos no intentan eludir a las autoridades para lograr su paso a Estados Unidos. Su fuerza reside, precisamente, en la emergencia humanitaria que se produce cuando llegan a las vallas que dividen a los dos países. Y a esto se le suma el factor de los niños. Una familia completa tiene, supuestamente, mayores facilidades para conseguir asilo. En enero fueron detenidas 24.198 "unidades familiares", para marzo ese número se duplicó y llegó a las 53.208 y en mayo alcanzó el record de 84.542. La jefa de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, cree que hay una "laguna legal que está siendo explotada". "Saben que si traen menores tienen algunas ventajas y las usan. Hemos detenido más de 230.000 niños traídos al país ilegalmente a los puertos de entrada este año solamente. Esas son cifras que no tienen precedente", dijo a la BBC.

En particular, son los centroamericanos del llamado Triángulo Norte -Guatemala, Honduras y El Salvador- los que están en esta situación. La violencia y la falta de oportunidades que se registran en estos países fueron las causas históricas de la migración. Pero un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas publicado el mes pasado indica que hay cuatro factores que son causas estructurales para la migración actual: el crecimiento de la población y un aumento de jóvenes sin trabajo; la crisis agrícola provocada por el cambio climático que expulsa a muchos que viven de esa actividad; el bajo nivel de sueldos y las malas condiciones de trabajo; y la violencia permanente provocada por las "maras".

Ante esta situación y las amenazas de Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo más opción que la de "hacer el trabajo sucio" para no sufrir más consecuencias económicas. El viernes 7 de junio, el presidente estadounidense, anunció que había llegado a un acuerdo con México para abordar el aumento del flujo de migrantes desde Centroamérica. Y suspendió la imposición de aranceles escalonados a productos mexicanos con los que había amenazado. Pero dos días más tarde ya se estaba contradiciendo.

El domingo 9 de junio, reiteró que los aranceles todavía son una opción si México no logra detener el cruce en su frontera sur. "En vista de que no existen objetivos concretos para que México evite aranceles en el futuro ni hay seguridad de que el Congreso de Estados Unidos aprobará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una nube oscura de incertidumbre se cierne sobre la economía mexicana. En general, los ciudadanos emigran para escapar de economías debilitadas y de la falta de oportunidades económicas. Los aranceles producen más migrantes, e incluso las amenazas de aranceles también", escribieron esta semana en el New York Times María Fernanda Pérez Argüello, del Atlantic Council, y Nicolas Albertoni de la Universidad del Sur de California.

De hecho, la migración mexicana a Estados Unidos disminuyó considerablemente. El número de aprehensiones de mexicanos en la frontera se redujo en un 81% entre 2007 y 2018, más allá de un aumento en 2013. También, el número de mexicanos que viven en Estados Unidos sin documentos se redujo en más de un millón con respecto a 2007.

La economía mexicana sufrió una fuerte contracción en el primer trimestre de 2019. La imposición de aranceles del 5% habría representado para el país la pérdida de más de 1,2 millones de empleos. A principios de junio, dos de las tres grandes agencias calificadoras de crédito bajaron la calificación de la deuda soberana de México. Un día después, Fitch bajó la calificación de la petrolera nacional, Pemex, a grado especulativo o "categoría basura, con perspectivas negativas". "Estas condiciones menos favorables redundan en una menor estabilidad y previsibilidad del mercado, menor inversión extranjera directa y menos oportunidades económicas para los ciudadanos: los ingredientes perfectos para que aumente la migración. Por si fuera poco, al aceptar a las personas migrantes provenientes de Centroamérica mientras esperan sus audiencias de asilo en Estados Unidos, México no solo impondrá una carga adicional a los recursos de los gobiernos locales, sino que además creará tensiones sociales con los habitantes, en muchos casos exacerbadas por la retórica de Donald Trump", concluyen Pérez Argüello y Albertoni en su artículo.

A todo esto, hay que sumarle los costos económicos, sociales y políticos que tiene el gobierno mexicano para resguardar y solucionar un problema que no es propio. En principio está la movilización de 6.000 soldados de la Guardia Nacional para detener el paso de inmigrantes en la frontera con Guatemala. Luego, la movilización de recursos para registrar a cada persona que cruza la frontera y que transita por el territorio nacional "para protegerlos". Y las medidas "políticamente incorrectas" como las de prohibir subir a autobuses y trenes sin una identificación. También, la detención y expulsión de un número cada vez más grande de personas sin una infraestructura adecuada. En abril, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración mexicano, se expulsaron 15.000 personas, un récord absoluto. Y aún está pendiente una reforma en el Congreso mexicano para que el país se convierta oficialmente en el "tercer país seguro", a fin de que los inmigrantes sean obligados a pedir asilo ahí y no en Estados Unidos. Una medida que nadie sabe en qué beneficiaría a México.

Las presiones de Trump sobre su principal socio comercial, de todos modos, tuvieron éxito. México pasó a tener la carga del problema fronterizo estadounidense. El detalle, es que las amenazas comerciales podrían provocar una mayor migración de mexicanos afectados por esas medidas. El famoso tiro en el pie.