Las reformas al INSS en Nicaragua, detonante de una realidad insoportable

Uno de los ejes principales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) aprobados por el Consejo Directivo de la Institución el 20 de diciembre de 2017 establece: "Asegurar la estabilidad financiera del INSS, introduciendo los cambios necesarios para ajustar los gastos de pensiones, gastos de salud y gastos administrativos a los ingresos que se recaudan".

Esto significaría que los trabajadores nicaragüenses tendrían que asumir un aporte del 6,25% a un 7 % sobre su salario. Por otra parte, los empleadores pasarían de pagar el 19% al 22,5 % de los salarios de sus trabajadores y, los jubilados tendrían que aportar un 5% del monto que reciben como pensión de retiro.

No menos importante es lo siguiente.

El salario mínimo aprobado unilateralmente por el Gobierno a través del Ministerio del Trabajo -dado que no logró el consenso con la empresa privada y la representación de los trabajadores- a partir de marzo del presente año es de 137 dólares mensuales para los trabajadores del campo.

Para los trabajadores y trabajadoras de servicios comunales, sociales y personales es de 191 dólares. Y para los trabajadores de la construcción, establecimientos financieros y seguros es de 304 dólares.

Durante las últimas 17 semanas del presente año, la gasolina regular ha acumulado 5 bajas y 12 alzas; en el caso de la gasolina súper serían 4 bajas y 13 alzas, y el diésel sumaría 7 bajas y 10 alzas.

Es importante recordar que en Nicaragua los precios de los combustibles no son regulados, por tanto, cada estación de servicio decide si aplicar o no estas variaciones. Pero no solo eso, detrás de varias cadenas distribuidoras de combustible, entre ellas la PTN, PUMA, sus dueños son allegados a la familia Ortega en el poder.

A esto se agrega una serie de disposiciones del Gobierno relacionadas con el flujo de fondos de la cooperación internacional, de tal manera que en este momento la gran mayoría de fondos externos se manejen de forma bilateral de Gobierno a Gobierno. Esto lo ha impuesto con diferentes regulaciones dirigidas a las ONG, de tal manera que el Gobierno maneja casi exclusivamente el tema de los derechos de la infancia, el abuso sexual, esto a través de instancias gubernamentales casi infuncionales como Ministerio de la Familia y otros.

Finalmente, como elemento sumatorio al descontento social, vale mencionar el desmantelamiento del sistema de partidos políticos, llevando al país a un sistema unipartidista, anulando los acuerdos de paz que llevaron a las elecciones presidenciales en 1989 y que la sociedad nicaragüense votó en contra del FSLN.

Hoy día estamos frente a una situación que cuyo detonante ha sido una medida gubernamental, ahora derogada, ante el claro rechazo de diversos sectores sociales y dada la inexistencias de un sistema de partidos políticos activo, ha sido la principal instancia de la empresa privada quien ha tomado la palabra en nombre de la sociedad inconforme para convocar a un diálogo inclusivo, con la participación de la Iglesia, estudiantes, trabajadores y la empresa privada. Esto no los excluye de responsabilidades ante la serie de injusticias socioeconómicas, donde la empresa privada en alianza con el Gobierno ha obtenido grandes réditos económicos.

No obstante, hoy la sociedad nicaragüense marchará en nombre de la paz y el medio ambiente y la justicia social para incluso demandar que Daniel Ortega y su esposa dejen el poder, para dar paso a una verdadera democracia en el país.

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