Estados Unidos suspenderá a Sudáfrica y a Ruanda del principal programa comercial con África subsahariana a partir del 1 de enero de 2027, según anunció el representante de Comercio estadounidense.
La decisión fue adoptada por el presidente Donald Trump, quien notificó al Congreso y a los gobiernos de ambos países sobre su exclusión de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA). Jamieson Greer, representante de Comercio, declaró que Washington detectó “prácticas que no se ajustan a los criterios de elegibilidad de la AGOA”, entre ellas “barreras que socavan el comercio y la inversión estadounidenses, así como amenazas a la seguridad nacional y los intereses de política exterior del país en la región”.
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El acuerdo, vigente desde el año 2000, permite a naciones africanas exportar miles de productos sin pagar aranceles, siempre que sostengan una economía de mercado, garanticen el pluralismo político, respeten el debido proceso y eliminen los obstáculos a la inversión proveniente del país norteamericano. La permanencia de cada miembro se evalúa anualmente, y más de treinta de ellas integran actualmente el esquema.
Sudáfrica concentra el mayor volumen de intercambio bajo este mecanismo. En 2025 despachó hacia el mercado estadounidense bienes por unos 1.700 millones de dólares al amparo del programa, entre piezas de automóviles, cítricos y vino. Ruanda, en cambio, destinaba principalmente café y minerales.
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El vínculo con Pretoria se deterioró de forma notoria durante el segundo mandato de Trump. Su gobierno acusó al Ejecutivo sudafricano, encabezado por personas negras, de sostener políticas “anti-blancas” a raíz de ciertas medidas de acción afirmativa, y de mantener una postura “anti-estadounidense” por sus críticas a Israel y sus vínculos diplomáticos con Irán.

La Casa Blanca cuestionó además la demanda por genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, país que rechaza esa acusación. Washington instó, asimismo, al gobierno sudafricano a priorizar la persecución de delitos contra agricultores blancos, eliminar los requisitos de acción afirmativa para empresas estadounidenses que operan en el territorio y derogar una ley de tierras que habilita, bajo ciertas circunstancias, la expropiación de propiedades privadas sin compensación.
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Días antes del anuncio sobre la AGOA, Estados Unidos ya había dejado fuera a Sudáfrica de una cumbre de cancilleres del G20 celebrada en Atlanta. Las autoridades sudafricanas, por su parte, negaron sostener políticas discriminatorias contra la población blanca y atribuyeron los señalamientos de Washington a información distorsionada.
El mes pasado, el canciller Ronald Lamola había adelantado que el país se preparaba para el escenario más adverso en torno al programa, aunque remarcó que no cedería su soberanía frente a las demandas estadounidenses. Cyril Ramaphosa, presidente sudafricano, ya había anticipado semanas atrás la posibilidad de quedar afuera del esquema y aceleró la búsqueda de mercados alternativos, incluida la firma de acuerdos comerciales con China.
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El embajador estadounidense en Pretoria, L. Brent Bozell III, describió lo sucedido como “un resultado predecible y evitable, derivado del rechazo, por parte del gobierno de Sudáfrica, a preocupaciones legítimas planteadas por el gobierno de Estados Unidos”.
El Ministerio de Comercio sudafricano respondió que brindará apoyo a los sectores afectados y que continuará impulsando el comercio y la inversión compartida con su contraparte, aunque remarcó que la AGOA “no constituye la totalidad de la relación económica” entre ambos países. Según el organismo, lo exportado bajo este programa representa apenas el 10% del total enviado a territorio norteamericano y el 1% de las ventas globales del país africano.
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El caso ruandés se vincula con el conflicto armado en el este de la República Democrática del Congo, donde Washington sostiene que Kigali respalda al grupo rebelde M23. Poco antes de este anuncio, el gobierno estadounidense ya había sancionado al Ministerio de Defensa del país, junto con otras instituciones y personas, entre ellas las fuerzas armadas y una refinería de oro. Ruanda no emitió declaraciones tras conocerse la noticia y arrastra, desde 2018, una restricción parcial que le impide exportar textiles bajo el programa, a raíz de aranceles de importación considerados una traba comercial.
El esquema ya había registrado bajas en gestiones previas. Durante la presidencia de Joe Biden, quedaron fuera Burkina Faso, Gabón y Níger a raíz de los golpes de Estado que derrocaron a sus gobiernos, y Uganda luego de sancionar una ley que agrava las penas contra personas homosexuales. Greer aclaró que los países apartados pueden reincorporarse si adoptan las medidas necesarias para cumplir con los requisitos de elegibilidad.
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El representante demócrata Richard Neal, de mayor rango en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, cuestionó la medida y advirtió que podría generar caos en la economía estadounidense, dado que Sudáfrica es el principal exportador hacia Estados Unidos dentro del programa. Calificó la decisión como “otra decisión comercial basada en el resentimiento, que contradice lo que debería ser una política responsable”, y reclamó que la administración explique con claridad qué pasos podría seguir Pretoria para ser readmitida en el esquema.
(Con información de AP y Reuters)
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