
Irán ejecutó el lunes a Abás Akbari, identificado como “uno de los cabecillas armados” de las protestas ocurridas en enero en la provincia de Isfahán, según el sitio web Mizan Online del poder judicial. La fuente oficial indicó que Akbari fue ahorcado esa mañana después de ser condenado por varios cargos, entre ellos el de “moharebeh”, término que significa librar una guerra contra Dios. Las autoridades lo acusaron de abrir fuego en la calle contra fuerzas de seguridad y de atacar edificios oficiales y centros de salud en la ciudad de Nain. La condena de Akbari fue confirmada por la Corte Suprema, lo que llevó a la ejecución.
Antes de la ejecución de Akbari, se habían realizado otras trece ejecuciones de hombres relacionados con las protestas de enero, conforme a lo comunicado por el poder judicial iraní. Las ejecuciones han aumentado desde el inicio de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, conflicto que comenzó a finales de febrero de este año.
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La semana pasada, la justicia iraní anunció la ejecución de Ramin Zaleh y Karim Marufpur, acusados de pertenecer a “grupos terroristas separatistas”, de formar un grupo con el objetivo de perturbar la seguridad del país y de rebelión armada. Mizan, órgano de comunicación oficial del poder judicial, reportó que ambos estuvieron involucrados en ataques contra las fuerzas de seguridad y en complots de asesinato en el oeste de Irán. No se informó sobre la fecha de su arresto.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó estas ejecuciones y declaró que, desde el inicio de la escalada militar, al menos 34 personas han sido ejecutadas por cargos políticos o de seguridad nacional, incluidas aquellas relacionadas con las protestas de enero. Türk calificó como inaceptable que las autoridades iraníes estén instrumentalizando el conflicto actual para reprimir la disidencia e instó a Teherán a establecer una moratoria total a la pena de muerte.
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Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Irán es el país que más recurre a la pena capital después de China. En 2025, las autoridades ejecutaron al menos 1.639 personas, una cifra que representa el récord desde 1989, de acuerdo con la oenegé Iran Human Rights, con sede en Noruega, y Juntos Contra la Pena de Muerte (ECPM).
El informe anual de Amnistía Internacional señala que el aumento del número de ejecuciones en Irán contribuyó a que en 2025 el total mundial alcanzara 2.707 ejecuciones, de las cuales 2.159 fueron reportadas en territorio iraní. Esto representa más del doble de los casos registrados en 2024, según la organización con sede en el Reino Unido. No se incluyen en estas cifras las ejecuciones que, según Amnistía Internacional, se llevan a cabo en China y que permanecen protegidas por secreto de Estado.
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