La justicia de París aplicó una multa récord a una empresa inmobiliaria por convertir una residencia social en alojamientos turísticos

El tribunal judicial de París dictó una multa récord de 585.000 euros contra una sociedad civil inmobiliaria responsable de transformar ilegalmente un edificio residencial en el distrito IX en alojamientos turísticos.

De acuerdo con los reportes oficiales, el inmueble había sido adquirido a fines de 2022 y originalmente funcionaba como residencia social destinada a personas en situación de precariedad.

El fallo obliga además al cese inmediato de la actividad de la empresa, bajo advertencia de aplicar una multa adicional diaria de 1.000 euros por cada uno de los 11 apartamentos si se incumple la resolución, lo que suma un potencial de 11.000 euros diarios.

La conversión total del edificio en once departamentos turísticos se realizó a finales de 2023 y la explotación de estos espacios se efectuó sin la autorización de cambio de uso, trámite obligatorio en París para destinar viviendas a alquileres temporarios.

La cifra récord de la sanción se explica por la suma de la infracción principal y otras irregularidades detectadas durante el procedimiento. Las autoridades municipales indicaron que se verificó la omisión del número de registro en varios anuncios y la negativa a entregar documentos requeridos en una inspección oficial.

El ayuntamiento de París estima que en la ciudad existen aproximadamente 25.000 alojamientos turísticos ilegales.

La multa principal, de 445.000 euros, corresponde al cambio de uso no autorizado, mientras que el resto responde a incumplimientos adicionales.

El mercado inmobiliario de la capital francesa enfrenta una presión creciente, evidenciada tras las elecciones municipales de marzo. El acceso a la vivienda es cada vez más complicado para los residentes, en un contexto donde los precios de los alquileres aumentan y la población disminuye.

Entre 2012 y 2023, París perdió casi 140.000 habitantes, con una media anual de 12.000 personas.

El caso que originó la sanción supuso la pérdida de una residencia social, recurso fundamental para personas en situación de vulnerabilidad. Tras la compra del edificio a fines de 2022, la transformación de todos los departamentos en alquileres turísticos concluyó a fines de 2023.

Las unidades se ofrecían en Airbnb sin cumplir la normativa, que exige autorización específica para cambiar el uso residencial a turístico. Las autoridades verificaron la infracción durante una inspección y el tribunal validó la denuncia, imponiendo el cese inmediato de la actividad y la sanción económica.

La lucha contra el alquiler turístico ilegal se intensificó en París en los últimos meses, en un contexto que el ayuntamiento definió como de “fuerte tensión” en el mercado del alquiler.

Esta semana, el municipio anunció la creación de una brigada de 150 agentes encargados de reforzar los controles y de intervenir ante irregularidades detectadas en viviendas turísticas. “La ciudad quiere hacer respetar la ley”, destacó el ayuntamiento, que celebró el fallo judicial y lo consideró un precedente relevante.

(Con información de AFP)