El gobierno de Rusia reclamó la repatriación de Kristina Vladímirovna, adolescente rusa de 17 años que tras ser reportada como desaparecida en Toluca, apareció semanas después en Tijuana, desde entonces, autoridades mexicanas se han negado a regresarla a su país, por contar con un antecedente de sospecha de maltrato.
Ante esta situación, las autoridades rusas han convocado al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas Mejías, a informar sobre el caso.
Se trata de una situación que ha escalado a lo diplomático entre Rusia y México debido a que se ha manifestado que la joven quiere regresar a su país, no obstante, las autoridades mexicanas se lo han impedido.
¿Qué pasó con Kristina y cómo llegó a esta situación?
El complejo caso inició en 2023, cuando la joven de entonces 16 años, hija adoptiva de Marina Romanova, profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), fue ingresada a un centro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) debido a denuncias por presunta violencia familiar.
Presuntamente, se acusó que había sido víctima de violencia sexual por parte de su hermanastro, sin embargo, la madre aseguró que eso jamás sucedió.
A través de un video publicado en redes sociales el 30 de septiembre de 2024, Marina Romanova denunció que el DIF del Estado de México secuestró a Kristina, apoyados de las autoridades del Instituto Educativo España, en donde estudiaba.
Esa fue la fecha en la que las autoridades familiares, quienes tenían bajo su cargo la custodia de la joven, reportaron su desaparición.
Marina denunció al DIF y la Fiscalía del Estado de México por lo que calificó como una extracción ilegal de la menor. “Kristina es víctima de trata de personas, y el gobierno lo sabe”, declaró.
Encuentran en Tijuana a la menor desaparecida en Toluca
El caso, que de por sí ya era complejo, atrajo la atención internacional tras la desaparición de la menor del albergue del DIF en el que se econtraba.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió la ficha de búsqueda de la menor, la cual fue difundida a través de todos los medios del estado.
En aquel año de 2024, trascendió que no solo Kristina había desaparecido bajo tutela del DIF, sino también María Guadalupe Rojas Cruz, de 17 años. Por esa razón, distintos colectivos entre los que se encontraban madres buscadora comenzaron una movilización para exigir a las autoridades que localicen a la menor.
Carmen Zamora, activista de la colectiva feminista Ehécatl, señaló durante una manifestación en la Terminal de Autobuses de Toluca, en septiembre de 2024, que la desaparición de las menores evidencia fallas en los protocolos de seguridad del DIFEM.
“No puede ser que el DIFEM, teniendo la tutela de la menor, se haya salido de un albergue donde supuestamente tienen seguridad”, expresó, exigiendo una respuesta de las autoridades.
Semanas después Kristina fue encontrada en octubre de 2024 en una vivienda de la colonia Patrimonial Benito Juárez de Tijuana, un estado ubicado casi al otro extremo de Toluca.
Se reportó que la joven abandonó el Centro de Asistencia Social “Villa Hogar” del DIF mexiquense, debido a riesgos de violencia en su entorno familiar. Ese fue el mismo caso de María Guadalupe Rojas, quien también huyó del centro.
En aquel momento, el personal de la propia FGJEM, junto con el DIF Estado de México y autoridades de Baja California, aseguró a la menor en “óptimo estado de salud”, de acuerdo con la versión oficial.
Rusia presiona por la repatriación y reclama inacción de México
La joven tras ser localizada con vida, fue resguardada nuevamente por autoridades mexiquenses, quienes, desde entonces, han negado la repatriación a Rusia.
Ante esto, la cancillería rusa manifestó recientemente su preocupación por el actuar de las instituciones mexicanas, calificando de “inacción” la gestión del caso por parte de los organismos públicos responsables de la tutela de menores, y afirmó que la joven permanecía “ilegalmente detenida” en un centro cerrado del DIFEM.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso a convocar al embajador Eduardo Villegas con el fin de presionar una solución sobre la custodia y la protección de los derechos humanos de la joven.
La controversia escaló a nivel diplomático y colocó bajo escrutinio la cooperación entre México y Rusia en temas de custodia y derechos de menores extranjeros en territorio mexicano.
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