
Las autoridades iraníes están forzando a numerosas personas a hacer confesiones forzadas en televisión, como parte de una campaña de represión que se cobró además miles de muertos en las calles.
Según un grupo de derechos humanos, la Human Rights Activists News Agency (HRANA), se han transmitido al menos 240 “confesiones forzadas” por la televisión estatal iraní las últimas semanas, una cantidad “sin precedentes”.
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El fenómeno se dio luego de que miles de personas fueron detenidas en las protestas que estremecieron el régimen teocrático.
Interrogados por un “entrevistador”, los detenidos aparecen confesando una serie de supuestos delitos, como agredir a miembros de las fuerzas de seguridad, aceptar dinero de elementos monárquicos o enemigos de Irán, o incluso compartir imágenes con organismos prohibidos o grupos de prensa.
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Hay casos en los que algunas personas han sido acusadas de seguir cuentas de opositores en redes sociales.
Según activistas, las supuestas confesiones son obtenidas mediante tortura psicológica y física, y son una táctica que las autoridades iraníes ya usaron en el pasado contra detenidos que, en algunos casos, fueron finalmente ejecutados.
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Amnistía Internacional los califica de “videos propagandísticos” y afirma haber recibido informes de que las “autoridades obligan a los detenidos a leer ‘confesiones’ forzadas de crímenes que no cometieron, así como actos de disidencia pacífica”.
El relator especial de la ONU para derechos humanos en Irán, Mai Sato, dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que las “confesiones falsas” buscan “reforzar la narrativa del Estado de que los manifestantes son criminales peligrosos”.
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Disuadir disidentes
El temido jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, interrogó personalmente a algunos detenidos en sesiones transmitidas por la televisión estatal.

“Las confesiones televisadas bajo coacción en regímenes totalitarios como Irán cumplen varias funciones clave, entre ellas fabricar legitimidad política, crear una narrativa oficial falsa, como presentar a manifestantes pacíficos como agentes violentos de influencia extranjera, y disuadir la disidencia”, declaró a AFP Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán.
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Las manifestaciones comenzaron en diciembre por reclamos económicos, pero se expandieron a un movimiento masivo contra la República Islámica, con grandes protestas callejeras desde el 8 de enero, cuando el gobierno suspendió la internet.
Miles de personas murieron en la represión de las protestas, que de momento han disminuido. Las autoridades culpan a los enemigos de Irán de las movilizaciones, incluyendo Israel y Estados Unidos.
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Más de 41.800 personas han sido detenidas en la represión, según la Human Rights Activists News Agency (HRANA), que ha registrado 240 instancias de “confesiones forzadas”.

La misma fuente, con sede en Estados Unidos, dice haber confirmado la muerte en las protestas de 6.126 personas, entre ellas 5.777 manifestantes, 86 menores, 214 miembros de las fuerzas de seguridad y 49 transeúntes. La oenegé agregó que investiga más de 17.000 posibles muertes y advirtió que continúa una ola de detenciones.
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Un video que circuló el lunes en redes sociales muestra un joven, identificado por usuarios como Shervin Bagherian, de 18 años, siendo interrogado por la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad. En el video se le informa de que afrontará cargos que podrían costarle la pena capital.
En otro caso ampliamente compartido, un hombre aparece admitiendo haber enviado imágenes de las protestas por redes sociales al presidente estadounidense, Donald Trump.
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Esas transmisiones se han usado en el pasado antes de una ejecución, una condena de la que ni los extranjeros se salvan.

La francesa Cecile Kohler fue mostrada en octubre de 2022 en la televisión iraní haciendo una “confesión forzada”, según activistas, antes de ser sentenciada por espionaje, una acusación que su familia rechaza con vehemencia.
Ella y su compatriota Jacques Paris fueron liberados a finales del año pasado, pero no han podido salir de Irán.
Humillar disidentes
El Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Estados Unidos, dijo que “estas confesiones falsas usualmente son empleadas como la única evidencia para una condena, incluso en casos capitales en los que se puede aplicar la pena de muerte”.
"Al forzar a los disidentes a ‘confesar’ públicamente acciones como ‘colusión con potencias extranjeras’, el Estado legitima su represión bajo el argumento de proteger la seguridad nacional“, señaló Roya Boroumand.
“Estas transmisiones también buscan humillar y destruir la credibilidad de los disidentes al tiempo que recuerdan al público el alto costo de desafiar al estado”, afirmó.
(AFP)
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