
El hijo del presidente de Irán, Yusef Pezeshkian, asesor del régimen, solicitó este sábado el restablecimiento del acceso a internet en el país, tras más de dos semanas de bloqueo ordenado por las autoridades. Pezeshkian advirtió que la medida solo profundizaría el descontento social y reconoció que la restricción se impuso en respuesta a la violenta represión de las recientes protestas antigubernamentales.
A través de un mensaje en la red Telegram, Pezeshkian afirmó que mantener el corte de internet “generará descontento y ampliará la brecha entre el pueblo y el gobierno”. El asesor presidencial señaló desconocer cuándo se restablecería el servicio y explicó que la decisión de mantenerlo suspendido responde al temor de las autoridades por la difusión de videos y fotografías relacionados con las manifestaciones que se intensificaron la semana pasada.
“La difusión de videos es algo a lo que tendremos que enfrentarnos tarde o temprano. Bloquear internet no resolverá nada; sólo postergará el problema”, señaló.

El régimen iraní bloqueó el acceso global a internet el 8 de enero, coincidiendo con el punto más álgido de las protestas, que se iniciaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán debido al colapso del rial, la moneda nacional. Las manifestaciones, que rápidamente se extendieron por el país, fueron convocadas por diversos sectores, incluyendo el príncipe exiliado Reza Pahlavi.
Durante los días de mayor tensión, se reportaron disparos en la capital y, según testigos citados por Human Rights Watch, la cantidad de manifestantes en las calles fue inédita. “Las autoridades iraníes han demostrado repetidamente que no tienen respuestas más que balas y represión brutal para las personas que salen a las calles”, declaró Bahar Saba de la organización.

Las cifras de víctimas varían ampliamente. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, estimó que el número de muertos podría superar las 25.000 personas. En contraste, el gobierno iraní informó el miércoles de 3.117 fallecidos, de los cuales 2.427 fueron calificados como “mártires”, una categoría que agrupa a miembros de las fuerzas de seguridad y a transeúntes ajenos a las protestas. El viceministro del Interior, Ali Akbar Pourjamshidian, reconoció en televisión estatal que la violencia escaló el 8 de enero y que “más de 400 ciudades estuvieron involucradas”.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con base en Estados Unidos, elevó el saldo a 5.137 muertos, de los cuales 4.834 serían manifestantes, 208 personal gubernamental, 54 niños y 41 civiles no involucrados. La organización indicó que contrastó sus cifras con registros públicos y testimonios directos dentro de Irán.

Mientras tanto, el grupo de monitoreo NetBlocks sugirió que el gobierno podría estar implementando una “intranet más altamente filtrada” y un sistema de “conectividad basada en listas blancas”. Las autoridades justificaron el corte de internet bajo el argumento de proteger la seguridad nacional, atribuyendo las protestas a un supuesto complot extranjero liderado por Estados Unidos e Israel.
A pesar de las versiones oficiales, la magnitud de la represión y el hecho de que el propio gobierno admitiera miles de muertes subrayan la gravedad de los acontecimientos recientes en Irán.
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