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Tras la condena a Jimmy Lai en Hong Kong, Estados Unidos pidió a China la liberación del ex magnate de los medios

El presidente Donald Trump dijo que el ciudadano enjuiciado en Hong Kong “es un hombre mayor y no se encuentra bien. Me siento muy mal. Hablé con el presidente Xi al respecto”

Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein
Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que deseaba que su homólogo chino, Xi Jinping, liberara a Jimmy Lai, al tiempo que expresaba su pesar por la condena del magnate de los medios de comunicación de Hong Kong.

Me siento muy mal. Hablé con el presidente Xi al respecto y le pedí que considerara su liberación”, declaró Trump a la prensa, sin especificar cuándo se lo pidió a Xi. “Es un hombre mayor y no se encuentra bien. Así que presenté esa solicitud. Veremos qué sucede”.

Trump había dicho antes de regresar a la Casa Blanca que quería liberar a Lai, un exitoso empresario que fundó el tabloide prodemocrático Apple Daily.

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Trump se reunió con Xi en octubre en Corea del Sur, donde se cree que planteó el caso de Lai.

El secretario de Estado, Marco Rubio, en una publicación en X poco después de las declaraciones de Trump, afirmó que el veredicto demostraba la determinación de China de “silenciar a quienes buscan proteger la libertad de expresión y otros derechos fundamentales”. Señaló que China prometió mantener un sistema separado antes de que Gran Bretaña cediera el centro financiero en 1997.

Marco Rubio. REUTERS/Kevin Mohatt
Marco Rubio. REUTERS/Kevin Mohatt

Según informes, la salud del Sr. Lai se ha deteriorado gravemente durante más de 1.800 días en prisión”, declaró Rubio en un comunicado. “Instamos a las autoridades a que pongan fin a esta terrible experiencia lo antes posible y a que lo liberen por razones humanitarias”.

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El empresario y activista prodemocracia Jimmy Lai, de 78 años y con nacionalidad británica, fue declarado culpable este lunes en Hong Kong por el Tribunal Supremo, que lo responsabilizó de dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y un delito de sedición vinculado a la difusión de material considerado subversivo. La sentencia, que podría acarrear cadena perpetua, se dictará en enero. La condena se enmarca en la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Beijing en el territorio desde 2020 tras las protestas antigubernamentales del año anterior, y que ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales como un instrumento para silenciar la disidencia y restringir las libertades civiles y de prensa.

La ministra de Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, condenó “el juicio políticamente motivado” y denunció que Lai ha sido objeto de persecución “por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión”, según afirmó en un comunicado citado por agencias internacionales. Cooper recordó que la ley de seguridad se impuso “para silenciar a los críticos de China” y reiteró la exigencia de su derogación, además de solicitar la inmediata liberación del empresario y el acceso a atención médica independiente.

Jimmy Lai Chee-ying en 2020. REUTERS/Tyrone Siu
Jimmy Lai Chee-ying en 2020. REUTERS/Tyrone Siu

Desde la oposición conservadora británica, la portavoz de Exteriores, Priti Patel, instó al primer ministro Keir Starmer a plantear el caso de Jimmy Lai al presidente chino Xi Jinping durante su próximo viaje a China y a reclamar su puesta en libertad. Mientras tanto, el grupo multipartito sobre Detención Arbitraria de la Cámara de los Comunes reprochó al Ejecutivo por “no haber adoptado medidas más contundentes antes de la condena”.

El proceso judicial, celebrado sin jurado y ante un panel de tres magistrados designados para causas de seguridad nacional, ha sido señalado por las ONG internacionales como un atentado contra la libertad de prensa y los derechos fundamentales. En sendos comunicados, tanto Human Rights Watch (HRW) como Amnistía Internacional (AI) denunciaron el veredicto y exigieron la excarcelación de Lai. Elaine Pearson, directora para Asia de HRW, criticó la condena por considerarla “cruel y una parodia de la justicia”, pidió presiones internacionales para revertir el caso y responsabilizó a las autoridades de China y Hong Kong por “silenciar a la prensa”. Pearson añadió que el Gobierno chino “intenta silenciar a cualquiera que critique al Partido Comunista”.

El magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, fundador de Apple Daily, observa mientras abandona el Tribunal de Apelación Final en una furgoneta prisión, en Hong Kong, China, el 1 de febrero de 2021. REUTERS/Tyrone Siu
El magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, fundador de Apple Daily, observa mientras abandona el Tribunal de Apelación Final en una furgoneta prisión, en Hong Kong, China, el 1 de febrero de 2021. REUTERS/Tyrone Siu

Desde Amnistía Internacional, Sarah Brooks, directora para China, calificó el fallo de “toque de difuntos para la libertad de prensa en Hong Kong” y subrayó que “el trabajo esencial del periodismo ha sido redefinido como un delito”. AI consideró a Lai “prisionero de conciencia” y advirtió sobre los “graves riesgos legales” que enfrentan quienes hacen negocios en la ciudad bajo el nuevo marco legal.

La Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC) también reaccionó a la condena. Un total de 76 legisladores de 30 Parlamentos suscribieron una condena por lo que denominaron “veredicto predeterminado” y “mofa del Estado de derecho”, destacando que las autoridades desoyeron la posibilidad de presentar pruebas exculpatorias aportadas por la defensa. El grupo parlamentario afirmó que “no puede haber normalidad” en las relaciones internacionales con un Estado que “persigue a inocentes”.

La situación personal de Jimmy Lai, en prisión desde 2020 y en régimen de aislamiento durante casi cinco años, ha generado preocupación por su salud. Sus hijos han denunciado un notable deterioro físico, aunque las autoridades locales aseguran que recibe atención médica adecuada. Lai fue editor del diario Apple Daily, que fue clausurado en 2021 tras una operación policial que involucró a 500 agentes, bloqueó los activos de la publicación y provocó la detención de parte de su directiva. La acusación sostiene que el periódico alentó las protestas de 2019 y promovió campañas internacionales para sancionar a autoridades de Hong Kong y China, mientras la defensa argumentó que el rotativo ejercía su derecho legítimo a la libertad de expresión y participación en el debate público.

(Con información de AFP y EFE)

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