Un tribunal controlado por Rusia en la región ocupada de Donetsk condenó el jueves a trece años de prisión a los ex militares colombianos José Medina y Alexander Ante, acusados de actuar como “mercenarios” en las filas del ejército ucraniano.
Medina, de 37 años, y Ante, de 48, son veteranos del ejército colombiano que llegaron a Ucrania a finales de 2023. Sus familias aseguran que ambos desaparecieron en julio de 2024 mientras regresaban a casa, tras hacer escala en Caracas. Desde entonces, no han tenido ningún contacto con ellos.
“Son muchos años. No sé si algún día nos volveremos a ver”, dijo Cielo Paz, esposa de Medina, a la agencia AFP tras conocer la condena. “Ni una carta de él, ni una llamada, nada”.
El caso expone la opacidad del sistema judicial que Rusia ha impuesto en los territorios ucranianos bajo su control, donde las garantías procesales son inexistentes y los juicios se celebran sin observadores independientes. Las familias no fueron informadas del proceso ni pudieron contactar a los acusados. “No sabemos nada. No nos han dicho cómo fue el juicio”, declaró Astrid Medina, hermana de José.
Los dos colombianos comparecieron ante un tribunal en Donetsk, territorio que Moscú anexó ilegalmente en 2022 tras un referendo sin reconocimiento internacional. En un video difundido por el Comité de Investigación ruso, Medina aparece esposado, con gorro y chaqueta negra, mientras es escoltado hacia la sala.
Un patrón de condenas
Desde el inicio de su invasión en febrero de 2022, Rusia ha calificado de “mercenarios” a los extranjeros que combaten en Ucrania, negándoles el estatus de prisioneros de guerra que establece la Convención de Ginebra. Esta clasificación permite imponer penas severas y enviar un mensaje disuasorio a los voluntarios internacionales que llegan al frente. En mayo pasado, Rusia condenó a 13 años de prisión a un ciudadano australiano por el mismo delito. En octubre, un estadounidense de 70 años recibió casi siete años. En todos los casos, las audiencias se realizaron sin defensa independiente ni observadores externos.
Para analistas de derechos humanos, estas condenas forman parte de la estrategia propagandística del Kremlin: exhibir el poder judicial de los territorios ocupados como herramienta de legitimación y presentar a Rusia como víctima de una “intervención extranjera” en Ucrania. Human Rights Watch ha documentado en repetidas ocasiones la falta de garantías y los abusos cometidos por las autoridades rusas en territorios ocupados de Ucrania.
El gobierno de Colombia aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la sentencia, aunque el Gobierno de Petro reconoce que decenas de sus ciudadanos han viajado a Ucrania desde el inicio de la guerra. La mayoría son ex militares o policías que, sin opciones laborales tras la desmovilización de las FARC y la reducción de las fuerzas armadas, fueron reclutados por intermediarios privados que les prometieron salarios de hasta 3.000 dólares mensuales.
Colombia se ha convertido en fuente constante de combatientes para conflictos extranjeros. Decenas de ex soldados formados en combate contrainsurgente han sido desplegados en años recientes en Irak, Afganistán, Sudán y ahora Ucrania, a través de empresas privadas que operan como intermediarias entre ejércitos nacionales y contratistas internacionales con vínculos opacos.
La conexión venezolana
Las familias de Medina y Ante sostienen que ambos fueron detenidos en Caracas por la policía local antes de ser entregados a autoridades rusas. Si se confirma, el caso evidenciaría la cooperación entre el régimen de Nicolás Maduro y el Kremlin para realizar extradiciones informales.
Venezuela, aliada de Moscú, ha reforzado sus lazos con Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania, respaldando públicamente las acciones de Moscú mientras enfrenta su propio aislamiento internacional.
Mientras tanto, las familias colombianas viven en incertidumbre absoluta. Cielo Paz señaló que su esposo y su compañero ya habían terminado su misión en Ucrania. “Y fuera de eso, los secuestraron en Venezuela”, señaló.
El diario colombiano El Tiempo afirmó que habían sido detenidos en la capital venezolana por la policía de este país.
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