El régimen de Irán ha ejecutado a más de 1.000 personas en lo que va de 2025, según reportó Amnistía Internacional este viernes. Se trata de la cifra más alta de ejecuciones anuales registradas por la organización en al menos los últimos quince años. La cifra ya supera los 975 casos reportados durante todo 2024, según estadísticas difundidas por Naciones Unidas y diferentes entidades de derechos humanos internacionales.
De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, solo en los primeros nueve meses del año, el número de personas ejecutadas por el régimen iraní sobrepasó la totalidad de ejecuciones registradas durante 2024. Esta escalada se produce en un contexto de fuerte represión estatal tras las protestas del movimiento “Mujer, Vida, Libertad” en 2022, junto con un aumento sostenido de sentencias de muerte por delitos relacionados con drogas y, más recientemente, por acusaciones de colaboración con países considerados enemigos.
Heba Morayef, directora regional para Medio Oriente y Norte de África de Amnistía Internacional, señaló que “la continua escalada de ejecuciones en Irán ha alcanzado proporciones horribles, ya que las autoridades siguen utilizando sistemáticamente la pena de muerte como herramienta de represión para sofocar la disidencia, mostrando un ataque escalofriante contra el derecho a la vida”.
Morayef remarcó además que el uso masivo de la pena capital, especialmente tras juicios considerados rutinariamente injustos, agrava la injusticia, dado que las personas condenadas incluyen disidentes políticos, integrantes de minorías étnicas o procesados por delitos de drogas.
Amnistía Internacional llamó a las autoridades iraníes a instaurar una moratoria inmediata sobre las ejecuciones y a la comunidad internacional a ejercer presión para frenar las ejecuciones programadas. La organización denunció la impunidad sistemática frente a las ejecuciones arbitrarias y abogó por el uso de jurisdicción universal para que funcionarios iraníes sean responsables ante la ley internacional por posibles crímenes y graves violaciones de derechos humanos.
En cuanto a los grupos afectados, las ejecuciones impactaron de manera desproporcionada en minorías marginadas, como las comunidades afgana, baluchi y kurda.
Según Amnistía Internacional, el número de afganos ejecutados en Irán triplicó su cantidad en solo un año: de 25 en 2023 a 80 en 2024. Además, la organización subrayó que al menos dos mujeres kurdas, la trabajadora humanitaria Pakhshan Azizi y la disidente Verisheh Moradi, permanecen condenadas a muerte y en riesgo de ejecución.
La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, también confirmó que Irán ejecutó al menos a mil prisioneros en 2025, calificando la situación como una “campaña de asesinatos masivos” en las cárceles. Solo en la última semana se registraron al menos 64 ejecuciones, con un promedio mayor a nueve ahorcamientos diarios. IHR alertó que sus cifras constituyen un “mínimo absoluto”, pues el verdadero alcance se ve limitado por la falta de transparencia y las restricciones informativas. La mayoría de las ejecuciones se efectúa en prisiones mediante ahorcamiento, aunque algunas han ocurrido en público.
Datos recogidos por Amnistía Internacional señalan que, desde el 13 de junio, al menos diez hombres han sido ejecutados por cargos políticos, incluidos ocho acusados de espionaje para Israel. El Parlamento iraní aprobó una legislación que, de ser ratificada, expandiría aún más las posibilidades para imponer la pena capital por cargos vagamente definidos como “colaboración con gobiernos hostiles” o “espionaje”.
En Irán, todas las ejecuciones se realizan actualmente mediante ahorcamiento de acuerdo con la sharía, la ley islámica, si bien en teoría se permiten otros métodos. Las organizaciones de derechos humanos subrayan que Irán ocupa el segundo puesto mundial en número de ejecuciones, solo superado por China.
El incremento de la pena de muerte en el país se vincula también a la represión de las protestas contra el liderazgo religioso y político, sobre todo tras el estallido de movilizaciones contra el ayatollah Ali Khamenei en 2022 y la guerra de doce días contra Israel en junio de 2025. En ese contexto, la mayoría de las ejecuciones se atribuyen a sentencias por delitos de drogas y cargos de “enemistad contra Dios”, “corrupción en la tierra” y “rebelión armada contra el Estado”, tras juicios señalados por graves irregularidades y tortura, como en el caso de Babak Shahbazi, ejecutado el 17 de septiembre de 2025.
La tendencia creciente de ejecuciones durante los últimos años, en particular a partir de 2021, contraviene los estándares del derecho internacional, que prohíbe el uso de la pena de muerte para delitos vinculados a drogas. Varias entidades internacionales reclaman una transformación en la política penal iraní y la abolición definitiva de la pena capital.
(Con información de AFP)
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