La cámara baja del Parlamento de Rusia ha aprobado este miércoles un proyecto de ley enviado al organismo por el presidente del país, Vladimir Putin, para la retirada de Moscú del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.
La votación celebrada durante la jornada en la Duma incluye la retirada de Moscú de los dos primeros protocolos del citado convenio, firmado por Rusia en febrero de 1996 en Estrasburgo y ratificado en marzo de 1998, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.
El proyecto presentado por Putin argumenta como motivo para estas decisiones que Rusia no está presente en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura desde 2023 debido al bloqueo al proceso de elección de un nuevo representante ruso en medio de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.
Así, destaca que estas “circunstancias discriminatorias” suponen una “violación” de los derechos de Rusia en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y “socavan el mecanismo establecido por el convenio europeo”. “Como resultado de ello, se propone denunciar el citado convenio y sus protocolos”, señala.
El vicepresidente primero de la Duma, Alexander Zhukov, ha sostenido que “la denuncia de este tratado internacional no reducirá el nivel de garantías legales internacionales para la prevención de la tortura en la Federación Rusa, ya que sigue siendo parte de varios tratados y protocolos clave que garantizan estándares sustanciales en protección contra la tortura y mecanismos para supervisar el cumplimiento de los mismos”.
El Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes fue aprobado en 1987 y da autorización a la realización de visitas a detenidos --tanto en cárceles como en centros de detención para menores de edad, comisarías y centros de detención para migrantes, entre otros -- para analizar su situación y lograr su protección contra la tortura u otros tratos inhumanos o degradantes.
Putin, había pedido a principio de mes a la Duma o cámara de diputados que denunciara el Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes.
Putin remitió el correspondiente proyecto de ley que también propuso denunciar los dos protocolos adscritos al convenio europeo aprobado en 1987.
A finales de agosto el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, propuso al jefe del Kremlin abandonar dicho documento, ratificado por este país en 1996 al convertirse en miembro del Consejo de Europa.
Rusia mantuvo que no tiene sentido seguir siendo signatario de una convención en cuyo comité contra la tortura ante el Consejo de Europa no está representada.
Este país fue expulsado del Consejo de Europa en marzo de 2022, semanas después del inicio de la actual campaña militar en Ucrania.
Según los activistas, a partir de ahora Rusia ya no estará obligada a permitir el acceso de inspectores internacionales a su sistema penitenciario, inspecciones que, en realidad, dejaron de tener lugar desde 2022.
El ejército ruso ha sido acusado por Ucrania y organizaciones internacionales de torturar a prisioneros de guerra y civiles en los territorios ocupados, acusación que Moscú también ha realizado contra Kiev.
Desde hace años Rusia, que ha sido acusada en numerosas ocasiones de encubrir los abusos y las torturas en sus cárceles, no cumple con las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(Con información de Europa Press y EFE)
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