El Gobierno de Haití manifestó un firme respaldo a la propuesta internacional de convertir la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en una fuerza específicamente orientada a la represión de bandas armadas.
Así lo comunicó el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, tras una reunión virtual de alto nivel con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Según declaraciones difundidas por EFE, destacó que esta transformación representa un paso decisivo para recuperar la autoridad estatal, proteger a las comunidades y fortalecer la estabilidad nacional y regional.
La iniciativa, impulsada por Estados Unidos y respaldada por países del continente, busca establecer en Haití una fuerza internacional con un mandato reforzado y operativo.
La MSS fue creada en respuesta a una solicitud formal de las autoridades haitianas y opera bajo el liderazgo de Kenia, con sustancial apoyo financiero de Estados Unidos. Aprobada por el Consejo de Seguridad en 2023, la misión inició operaciones en 2024 con cerca de mil efectivos, la mayoría de nacionalidad keniana.
Su objetivo es fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad locales ante las bandas armadas que controlan aproximadamente el 90% de la capital, Puerto Príncipe, así como otras zonas clave.
El despliegue de la MSS se originó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, lo que condujo a una crisis caracterizada por bloqueo político, intensificación de la violencia y grave emergencia humanitaria. Sin embargo, las preguntas sobre su muerte siguen sin respuesta.
Desde entonces, las pandillas han ampliado su control mediante asesinatos, secuestros y agresiones sexuales, con niveles preocupantes de impunidad.
Según datos de Security Council Report, la influencia de las bandas se extiende actualmente a regiones como Artibonite y Centre, más allá del área metropolitana.
A pesar de la presencia multinacional y los esfuerzos de la Policía Nacional Haitiana, los avances en la lucha contra los grupos armados han sido limitados.
Se han logrado accesos a zonas antes ocupadas y se contuvieron algunos ataques, pero las bandas han provocado el desplazamiento de aproximadamente 1,3 millones de personas, según la información de Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, se registró un aumento del 24% en los homicidios durante el primer semestre del año, con más de 4.000 asesinatos, según fuentes humanitarias.
La vigencia actual de la MSS vence el 2 de octubre de 2025, aunque el presidente de Kenia, William Ruto, pidió a la ONU preparar una transición ordenada ante la proximidad de ese plazo.
Aunque la misión multinacional no opera bajo administración directa de Naciones Unidas, tanto el gobierno haitiano como Kenia y sus aliados gestionaron la autorización formal a través del Consejo de Seguridad.
La resolución 2699, adoptada en octubre de 2023, habilitó un despliegue de hasta 2.500 efectivos, aunque solo mil están en el país debido a desafíos logísticos y limitada financiación. El costo anual estimado para alcanzar la dotación completa ronda los USD 600 millones, dependientes principalmente de contribuciones voluntarias de países y organismos regionales.
Los números de la situación humanitaria son alarmantes. Durante la sesión informativa del 28 de agosto, se reportó que seis millones de personas requieren asistencia, incluido unos 1.300.000 desplazados internos, la mitad de ellos niños. La inseguridad alimentaria avanza, mientras los trabajadores humanitarios deben ejercer sus tareas bajo amenazas de violencia, extorsión y secuestro.
En materia de derechos humanos, la inquietud internacional es creciente. El experto de la ONU para Haití, William O’Neill, describió la situación como catastrófica, instando a que se eviten deportaciones forzadas desde Estados Unidos y República Dominicana y apeló a la aplicación del principio de no devolución a territorios de riesgo.
Además, insistió en la urgencia de implementar salvaguardas legales adecuadas.
El informe anual del Secretario General indica que mujeres y menores son los principales afectados, por la violencia de las bandas armadas, incluso en campamentos de desplazados.
En el año se confirmaron oficialmente 708 casos de violencia sexual, pero organizaciones humanitarias hablan de más de 3.500 episodios, advirtiendo que la cifra real podría ser mucho mayor.
(Con información de EFE)
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