El presidente de Haití, Jovenel Moise, asesinado este miércoles en su residencia, venía gobernando por decreto luego del retraso de las elecciones previstas para 2018 y lideraba el gobierno en medio de fuertes disputas sobre cuándo terminaría su mandato.
De 53 años, Moise nació en una familia de bajos ingresos en Trou-du-Nord, en el noroeste del país, hijo de un mercader y una costurera. En su adolescencia se mudó a Puerto Príncipe y estudió Ciencia Política. Posteriormente, inició una carrera como empresario.
En 2015, el presidente Michel Martelly lo designó como el candidato a la presidencia del partido político que Martelly fundó, el Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK). Las elecciones fueron turbulentas, con acusaciones de fraude, lo que obligó a realizar un nuevo proceso en 2016. Allí, Moise venció en primera vuelta con el 55% de los votos, 36 puntos más que su rival.
Asumió el cargo en febrero de 2017. Desde 2019 enfrentaba protestas sociales por el deterioro de las condiciones de vida en el país y acusaciones de corrupción.
En febrero de este año, el Consejo superior judicial de Haití dio cuenta del fin del mandato de Moise (tomando como partida el 2016), pero éste sostenía que se mantendría en el poder hasta el 7 de febrero de 2022 (al haber asumido en 2017), en una interpretación de la Constitución rechazada por la oposición. En esa turbulenta semana, el presidente aseguró que había frustrado un intento de golpe de Estado.
En medio de la creciente violencia y una ola de secuestros, el presidente, acusado de inacción ante la inseguridad e impunidad de las bandas, continuaba gobernando la nación más pobre del hemisferio occidental a punta de decretos, sin contrapeso del Legislativo y con el objetivo de realizar un referéndum constitucional (no previsto en la Carta Magna), inicialmente programado para el 27 de junio y luego pospuesto en medio de la crisis. La oposición y muchas organizaciones de la sociedad civil rechazan de plano la propuesta presidencial, y denunciaban la ilegitimidad del mandato del jefe del Estado y la imposibilidad de organizar unas elecciones, dada la inseguridad generalizada.
Líderes opositores le acusaban de intentar aumentar su poder, por ejemplo al aprobar un decreto que limitaba las competencias de una corte que audita los contratos del gobierno o con otro que creaba una agencia de inteligencia que sólo respondía ante el presidente.
Esta semana, Moïse, había al médico Ariel Henry como primer ministro, su séptimo premier en cuatro años de gestión. El anterior jefe de gobierno no duró ni tres meses en este cargo.
En este contexto, generando temores de un giro hacia la anarquía generalizada, el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos y Europa habían manifestado que es prioritaria la celebración de elecciones legislativas y presidenciales libres y transparentes, para finales de 2021.
La reforma constitucional, apoyada por Moise y destinada a reforzar el poder ejecutivo, ha sido rechazada mayoritariamente por la oposición y muchas organizaciones de la sociedad civil.
La Carta Magna actual fue redactada en 1987, tras la caída de la dictadura de Duvalier, y declara que “toda consulta popular destinada a modificar la Constitución por referéndum está formalmente prohibida”.
Los críticos también han afirmado que es imposible organizar una consulta debido a la inseguridad que sufre el país.
Haití, de más de 11 millones de personas, también se enfrenta a la pobreza crónica y a los recurrentes desastres naturales. El país aún no ha logrado recuperarse del devastador terremoto de 2010 y del huracán Matthew, que golpeó el país en 2016.
(Con información de EFE y AFP)
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