Un informe de los servicios de Inteligencia de Reino Unido reveló que Rusia considera a los niños ucranianos “secuestrados” durante la invasión una “fuente potencial” de efectivos para las Fuerzas Armadas rusas, según un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa británico. El informe advierte que la cúpula rusa estima que “la muerte de estos menores en el seno del Ejército ruso generará críticas mínimas o inexistentes entre el público ruso, la inmensa mayoría del cual tiene un conocimiento limitado sobre estos secuestros, en caso de tener conocimiento alguno” de estos hechos.
El documento, citado por la agencia Europa Press, explica que el secuestro y posterior reclutamiento forzoso de niños ucranianos en las fuerzas rusas responde a una estrategia de rusificación mantenida desde hace años en territorio ucraniano ocupado, orientada a extirpar la cultura, la identidad y la estatalidad ucranianas. La inteligencia británica remarca que, según las denuncias de Kiev, Moscú busca reclutar a jóvenes ucranianos en el Ejército ruso una vez alcancen la mayoría de edad, muchos de los cuales habrían sido trasladados forzosamente desde pequeños desde las regiones de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk y Lugansk.
Según el portal ucraniano Children of War, 19.546 niños han sido oficialmente deportados o desplazados hacia Rusia o territorios ocupados, una cifra que las autoridades ucranianas estiman podría superar en realidad los 30.000 menores. Un informe del Observatorio de Conflictos de la Universidad de Yale documentó en febrero de 2023, y actualizó en 2024, al menos 6.000 menores trasladados a una red de 43 campos de reeducación en Crimea y en Rusia, donde reciben adoctrinamiento y, en algunos casos, instrucción militar.
El marco legal internacional recoge expresamente la ilegalidad de estos traslados y reclutamientos. El Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió el 17 de marzo de 2023 sendas órdenes de arresto contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por crímenes de guerra relacionados con la deportación forzada de menores ucranianos, en violación del artículo 51 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe el reclutamiento forzoso de personas protegidas en territorios ocupados.
Diversas organizaciones internacionales y autoridades ucranianas han denunciado la existencia de una estructura dirigida al adoctrinamiento militar de menores, como la organización juvenil Yunarmiya (“Ejército Joven”), fundada en 2016, que según fuentes oficiales agrupa a más de 1,6 millones de menores en Rusia. En 2025 se documentó el funcionamiento de campamentos de verano militarizados en la región de Rostov, cerca de la frontera ucraniana, donde niños de entre 8 y 17 años fueron entrenados en el uso de armas bajo la supervisión de veteranos de guerra.
En julio de 2025, la inteligencia ucraniana (GUR) anunció el acceso a archivos del llamado “gobierno de Crimea”, obteniendo listas con miles de nombres de niños secuestrados en las regiones ocupadas de Ucrania. Por su parte, la Comisión de Investigación Independiente sobre Ucrania de Naciones Unidas ha calificado estas transferencias como violaciones graves de derechos humanos y posibles crímenes contra la humanidad.
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