El gobierno sirio anunció la creación de dos comisiones para identificar a los responsables de los crímenes durante el régimen de Al Assad

El nuevo Gobierno de Siria anunció este sábado la creación de dos comisiones que serán clave para dar respuesta a la población, tras más de una década de crímenes contra civiles, así como para garantizar el apego de las autoridades con los compromisos asumidos.

Según se lee en un decreto Ejecutivo, los nuevos líderes sirios dispusieron la conformación de un organismo nacional para las personas desaparecidas y otro para la justicia transicional, a cinco meses de haber llegado al poder tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad.

Ambos tendrán “independencia financiera y administrativa” y su competencia se extenderá a todo el territorio nacional, con el objetivo de identificar a los responsables de los crímenes de la era dictatorial y encaminar al país en un sendero de orden y legalidad.

Con el estallido de la guerra civil en 2011, las fuerzas de al-Assad reprimieron violentamente a los civiles que se manifestaban en su contra, derivando en la muerte, detención y desaparición de decenas de miles de personas. Hasta el día de hoy, de hecho, se desconoce qué fue de muchas de ellas.

Sin embargo, al llegar a Damasco el 8 de diciembre pasado, al Shara se comprometió a hacer justicia en todos estos casos y a responsabilizar a quienes estuvieron detrás de estos actos, que en muchos casos incluyeron el empleo de armamento pesado y sustancias químicas.

Inclusive, la Constitución de transición firmada en marzo -que tiene vigencia por cinco años- establece esta como una de las prioridades de la gestión.

Así, la Comisión para los desaparecidos se encargará de “investigar y descubrir el destino de los desaparecidos y desaparecidos forzosos, documentar los casos, crear una base de datos nacional y proporcionar apoyo jurídico y humanitario a sus familias”, mientras que la de la justicia transicional se enfocará en “esclarecer la verdad sobre las graves violaciones cometidas por el antiguo régimen”.

En el marco de sus tareas, deberán hacer que los responsables rindan cuentas, “en coordinación con las autoridades competentes, reparar el daño causado a las víctimas y establecer firmemente los principios de no repetición y reconciliación nacional”, detalla el decreto.

Asimismo, el documento insiste en “la necesidad de alcanzar una justicia transicional como pilar fundamental para la constitución de un Estado de Derecho, la garantía de los derechos de las víctimas y el logro de una reconciliación nacional integral”.

Desde su llegada al poder, el nuevo liderazgo de facto en Siria se enfrenta al desafío de reconciliar a una sociedad que, durante más de diez años, vivió en un contexto de guerra civil y represión. A ello se suman, además, las condiciones propias de un contexto tal, como el debilitamiento de las instituciones del Estado y la crisis económica, que dificultan aún más la situación.

En un intento por tomar distancia de su antecesor, al Shara aseguró que trabajará por la unidad del pueblo, la inclusión de las minorías y la búsqueda de respuestas a todos los crímenes cometidos en el pasado.

La ONU celebró esta postura y destacó que su exitosa ejecución será clave, dado que no se puede reconstruir un país que carece de “un sistema que espete los derechos humanos y la dignidad de todos”.

“Cualquier transición política debe garantizar que los responsables de graves violaciones de los derechos humanos paguen por sus actos, que la evidencia sea preservada con cuidado para su futuro uso y que el aparato de seguridad se reforme de manera adecuada”, apuntó a comienzos de año el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk.

(Con información de AFP y EFE)