China ha anunciado restricciones de visado para algunos cargos estadounidenses que se han “comportado mal” en asuntos relacionados con Tíbet, según informó el lunes su Ministerio de Asuntos Exteriores.
El anuncio en una rueda de prensa ordinaria se produjo después de que Washington impusiera hace dos semanas restricciones adicionales de visado a responsables chinos implicados en la política que rige el acceso de extranjeros a las zonas tibetanas.
Estados Unidos acusó al Partido Comunista Chino de negarse a permitir el acceso de diplomáticos estadounidenses, periodistas y otros observadores internacionales a Tíbet y otras zonas tibetanas de China, y exigió un “acceso sin restricciones” a las zonas para los diplomáticos estadounidenses y otras personas.
“China debe restablecer la reciprocidad para que nuestros diplomáticos y otros puedan acceder a las zonas tibetanas de la misma manera que los diplomáticos chinos gozan de amplio acceso dentro de Estados Unidos”, reivindicó el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio.
Rubio justificó en ese momento la medida con base en la Ley de Acceso Recíproco al Tíbet que él mismo impulsó cuando era senador y que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, dijo que las cuestiones relacionadas con Tíbet son “asuntos internos” de China y que el “abuso por parte de Estados Unidos de las restricciones de visado a responsables chinos” en relación con Tíbet “viola gravemente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”.
Los turistas extranjeros pueden visitar la región más occidental de Tíbet siempre que viajen en grupo y obtengan un permiso con antelación. Los diplomáticos y periodistas extranjeros necesitan la aprobación de las autoridades locales de Tíbet para ir allí.
“Tíbet está abierto. China da la bienvenida a personas amistosas de otros países para que visiten Tíbet, viajen y hagan negocios en Tíbet”, dijo Lin a los periodistas.
“Pero China se opone a la injerencia de cualquier país o persona en los asuntos tibetanos con el pretexto de los llamados derechos humanos, la religión y la cultura”, añadió.
Los abusos de China contra el Tíbet
China se hizo con el control de Tíbet en 1950, en lo que describe como una “liberación pacífica” de la servidumbre feudalista. Sin embargo, los grupos internacionales de derechos humanos y los exiliados han condenado sistemáticamente lo que califican de régimen opresivo que busca asimilar cultural y políticamente a la población tibetana.
Organizaciones internacionales han denunciado prácticas como la detención arbitraria de tibetanos por expresar pacíficamente sus opiniones políticas, restricciones a la libertad de expresión y represión de la identidad cultural y religiosa. El Departamento de Estado de EEUU ha señalado informes creíbles de desapariciones forzadas, tortura y condiciones penitenciarias inhumanas en la región.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por estas violaciones. En enero de 2024, durante el Examen Periódico Universal de China en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 20 Estados miembros criticaron el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Tíbet, duplicando el número de países que lo hicieron en la revisión anterior.
La vigilancia en el Tíbet es extensa y sofisticada. Según reportes de Human Rights Watch, el régimen chino ha instalado una red de cámaras de seguridad, software de reconocimiento facial y presencia policial intensiva para monitorear a la población tibetana. Estas medidas, bajo el pretexto de garantizar la “estabilidad social”, han creado un entorno de constante temor y autocensura, especialmente entre los monjes budistas, líderes comunitarios y activistas por la autonomía tibetana.
El papel del Dalái Lama, líder espiritual del budismo tibetano exiliado en India desde 1959, también ha sido objeto de confrontación por parte de Beijing. China lo acusa de promover el separatismo, mientras continúa una campaña para influir en el proceso de su sucesión, desafiando la tradición religiosa tibetana. En 2021, Estados Unidos aprobó la Ley de Política y Apoyo al Tíbet, que establece que solo los líderes religiosos tibetanos pueden determinar la sucesión del Dalái Lama, en una respuesta directa a la injerencia del Partido Comunista Chino.
Pese a las denuncias internacionales, Beijing mantiene una política de mano dura en la región. Las autoridades chinas promueven la migración de población Han al Tíbet, alterando el equilibrio demográfico, y favorecen programas de “reubicación rural” que trasladan a tibetanos desde sus aldeas a asentamientos urbanos bajo control del Estado. Estas acciones, interpretadas como parte de una estrategia de sinización, continúan alimentando las críticas de organizaciones de derechos humanos y gobiernos democráticos.
(Con información de Reuters)
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