Las autoridades judiciales de Rusia impusieron penas de prisión a 29 ciudadanos ucranianos en dos procesos distintos por cargos relacionados con terrorismo, según informaron este miércoles medios estatales y organizaciones de derechos humanos. Ucrania ha denunciado ambos juicios como ilegítimos y violatorios del derecho internacional humanitario, alegando que los acusados son prisioneros de guerra sometidos a procesos judiciales sin garantías legales.
El caso más numeroso corresponde a 23 ucranianos, entre ellos 14 combatientes actuales o anteriores del Regimiento Azov, condenados el miércoles por un tribunal militar en Rostov del Don, ciudad cercana a la frontera oriental con Ucrania y sede del Distrito Militar del Sur de Rusia. Los otros nueve condenados —ocho mujeres y un hombre— trabajaban como cocineros o personal de apoyo, según la información publicada por medios rusos y verificada por la organización rusa de derechos humanos Memorial.
A todos se les imputó la participación en un supuesto intento de golpe de Estado violento y la organización de actividades de un grupo terrorista. Algunos de ellos también fueron acusados de recibir entrenamiento con fines terroristas. Las sentencias oscilan entre 13 y 23 años de prisión.
Doce de los condenados no estaban presentes en el tribunal: once fueron sentenciados en ausencia tras haber sido devueltos a Ucrania en dos intercambios de prisioneros, y uno más murió bajo custodia el año pasado. Varios de los detenidos fueron capturados durante los combates en la ciudad portuaria de Mariupol, especialmente en el complejo industrial de Azovstal, que resistió durante semanas el asedio de las fuerzas rusas en 2022. Otros fueron detenidos al intentar evacuar la ciudad tras su ocupación por tropas rusas.
Memorial, organización proscrita en Rusia, pero activa en el seguimiento de violaciones de derechos humanos, calificó a todos los condenados como prisioneros políticos, recordando que el derecho internacional prohíbe juzgar a combatientes capturados por su participación en hostilidades.
El defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, criticó el juicio desde su inicio en junio de 2023. “Es obvio para todos que quienes deberían estar en el banquillo no son aquellos que se defienden, sino aquellos que iniciaron la agresión”, declaró. En la misma línea, el asesor presidencial Mykhailo Podolyak afirmó en la red social X que el juicio representa “un crimen de guerra oficial” y pidió la intervención de la Corte Penal Internacional. Petro Yatsenko, representante del Centro de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra de Ucrania, sostuvo que el proceso viola las Convenciones de Ginebra, que establecen normas para el tratamiento de prisioneros en conflictos armados.
En un segundo caso, el Comité de Instrucción de Rusia (CIR) informó el martes que un tribunal condenó a seis militares ucranianos a penas de entre 13 y 15 años de prisión por ingresar ilegalmente a territorio ruso en agosto y septiembre de 2024. Según el CIR, los soldados cruzaron la frontera en el distrito de Sudzha, en la región de Kursk, con el objetivo de “cometer acciones terroristas”.
Los condenados, junto a otros soldados, participaron presuntamente en la ocupación temporal de varias localidades rusas —Gúevo, Pléjovo, Borki y Spálnoye— antes de ser capturados por las fuerzas rusas. Desde entonces permanecían detenidos a la espera de juicio. Las autoridades rusas no ofrecieron detalles sobre si estos soldados eran parte de unidades militares regulares o de fuerzas especiales.
La condena de estos seis militares se suma a una serie de fallos similares en la región fronteriza de Kursk. La semana pasada, Rusia sentenció a otros ocho soldados ucranianos a penas de entre 15 y 17 años, mientras que en febrero condenó a ocho más a entre 15 y 16 años de prisión, todos por delitos asociados con terrorismo y entrada ilegal al territorio ruso.
Estas condenas elevan a 29 el número total de ucranianos sentenciados esta semana en procesos penales por terrorismo en Rusia, en medio de crecientes críticas por parte de Kiev y organismos internacionales sobre el trato a los prisioneros de guerra y la legalidad de estos juicios en el contexto del conflicto en curso.
(Con información de AP y EFE)
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