De la cárcel a la vigilancia: China ajusta su estrategia de control sobre los uigures

China ha suavizado ligeramente las restricciones de viaje para la minoría musulmana uigur, aunque sigue imponiendo “severos controles” sobre quienes buscan viajar al extranjero o visitar familiares en la región de Xinjiang, según un informe publicado el lunes por Human Rights Watch (HRW). La organización denuncia que las autoridades chinas siguen vulnerando los derechos de los uigures con trabas burocráticas y medidas de vigilancia.

El informe señala que, si bien el gobierno ha levantado parcialmente la prohibición de que los uigures viajen fuera del país, impone estrictas condiciones a quienes buscan hacerlo. Quienes solicitan visitar a familiares en el extranjero deben proporcionar detalles personales como dirección, situación laboral y documentos adicionales, además de una invitación formal del familiar que los recibirá.

Las restricciones incluyen la exigencia de viajar solos, sin familiares acompañantes, y la necesidad de un “garante”, que suele ser un funcionario chino. De acuerdo con testimonios recogidos por HRW, las autoridades utilizan a los familiares que permanecen en China como una forma de presión para garantizar el retorno del viajero.

“El modesto deshielo ha permitido a algunos uigures reunirse brevemente con sus seres queridos después de años sin contacto, pero las restricciones siguen siendo una herramienta de opresión tanto en Xinjiang como en la diáspora”, afirmó Yalkun Uluyol, investigador de HRW para China.

HRW advierte que los uigures que logran salir del país enfrentan una estricta supervisión. Durante su estancia en el extranjero, tienen prohibido relacionarse con activistas o criticar al gobierno chino. Además, deben regresar dentro de un período específico que puede variar entre unos días y varios meses.

Para viajes de negocios, el gobierno chino limita los destinos permitidos, autorizando visitas a países como Kazajistán, pero prohibiendo los desplazamientos a naciones con grandes poblaciones musulmanas como Turquía, consideradas “sensibles” por Beijing.

Al regresar a China, muchos viajeros son interrogados sobre sus contactos en el extranjero y, en algunos casos, sus pasaportes son confiscados.

Desde la primavera de 2024, las autoridades han comenzado a permitir visitas de uigures con pasaportes extranjeros, aunque solo después de un riguroso proceso de selección. Para ingresar a Xinjiang, estos visitantes necesitan la aprobación de la policía local y un comité vecinal. Una vez allí, pueden ser obligados a alojarse en hoteles en lugar de con sus familias.

‘Tours’ oficiales y control del relato

El informe también documenta que algunos uigures que buscan regresar a China son dirigidos por las misiones diplomáticas chinas a unirse a visitas organizadas por el gobierno. Para participar en estos tours, deben proporcionar información personal y obtener la aprobación de múltiples organismos de seguridad, incluyendo la policía local, la oficina de seguridad pública y la unidad antiterrorista.

Los uigures con pasaporte extranjero que desean unirse a estas visitas deben renunciar a su ciudadanía china. Según HRW, muchos aceptan estas condiciones debido a que el proceso de visa es más rápido y seguro que intentar ingresar de manera independiente, lo que podría conllevar interrogatorios o detención.

Durante estos viajes, los participantes están bajo estricta vigilancia, deben hablar en mandarín y participar en actividades propagandísticas con guiones que elogian las políticas del Partido Comunista Chino en Xinjiang.

“El gobierno chino sigue negando a los uigures su derecho a salir del país, restringe su libertad de expresión y asociación en el extranjero y los castiga por tener vínculos con el exterior”, afirmó Uluyol.

Desde hace casi una década, las autoridades chinas han llevado a cabo una dura campaña de represión en Xinjiang, deteniendo a aproximadamente 1,8 millones de uigures y miembros de otros grupos túrquicos en centros de detención. Según el gobierno, estas medidas son parte de su estrategia contra el extremismo religioso y el terrorismo.

En 2016, durante la campaña “strike hard”, las autoridades comenzaron a confiscar pasaportes y encarcelaron a personas por mantener contacto con el extranjero.

Estados Unidos ha calificado el trato de China hacia los uigures como “genocidio”. En agosto de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) advirtió que, dos años después de su informe sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Xinjiang, siguen existiendo “políticas problemáticas” en la región.