Siria se enfrenta a un inmenso desafío: la búsqueda de justicia para los crímenes del régimen de Al-Assad

Siria, un país devastado tras más de una década de guerra civil, se encuentra inmersa en un proceso de transición que enfrenta obstáculos complejos, derivados de su historia de tensiones sectarias, una economía colapsada y la necesidad urgente de justicia por los abusos cometidos durante el régimen de Bashar al-Assad. Según analistas y expertos, los desafíos incluyen equilibrar la rendición de cuentas con la reconciliación nacional, reformar instituciones debilitadas y reconstruir un Estado que responda a las necesidades de su población.

Los nuevos líderes del país, provenientes en su mayoría de la mayoría musulmana suní, contrastan con el liderazgo alauita del régimen depuesto. Este cambio de poder podría reavivar tensiones sectarias si las acciones judiciales no se manejan de manera inclusiva, advierten expertos como Nerma Jelacic, de la Comisión para la Justicia y la Rendición de Cuentas Internacional (CIJA, por sus siglas en inglés). “Estos procesos requieren tiempo y no ocurren de la noche a la mañana”, señaló.

El líder de facto de Siria, Ahmed al-Shara, prometió en diciembre a través de un mensaje en Telegram que su gobierno perseguirá judicialmente a los responsables de torturas y abusos, incluyendo a altos funcionarios del régimen de al-Assad. Sin embargo, llevar a cabo estas promesas enfrenta importantes obstáculos. Al-Assad, refugiado en Rusia, cuenta con la protección de Moscú, que se niega a extraditarlo, mientras que muchos de sus antiguos colaboradores están en paradero desconocido, algunos presuntamente ocultos en Líbano o los Emiratos Árabes Unidos.

A pesar de las dificultades, grupos de derechos humanos sirios en el exilio han pasado más de una década recopilando pruebas sobre los crímenes cometidos por el régimen. Sin embargo, las instituciones sirias, debilitadas por años de autoritarismo y corrupción, no están preparadas para manejar juicios masivos, lo que complica el procesamiento de los miles de implicados en violaciones de derechos humanos. Según dijo a The New York Times Fernando Travesí, director ejecutivo del Centro Internacional para la Justicia Transicional, la prioridad debería ser construir instituciones legítimas y capaces de ganarse la confianza de la población. “Un sistema de justicia sin legitimidad ni credibilidad es una pérdida de tiempo”, afirmó.

La tarea del nuevo gobierno no se limita a garantizar justicia. La guerra dejó al 90% de la población viviendo en la pobreza, mientras ciudades y hogares quedaron destruidos. Decenas de miles de personas permanecen detenidas o desaparecidas, y las masacres y torturas documentadas durante el conflicto son apenas una parte de las atrocidades registradas.

La reconstrucción incluye desafíos como proporcionar servicios básicos, devolver propiedades confiscadas o destruidas, expedir documentos de identificación a refugiados y garantizar acceso equitativo a ayuda humanitaria. Travesí advirtió sobre los riesgos de repetir errores como los ocurridos en Túnez, donde la falta de avances económicos y justicia tras la revolución de 2011 alimentó la frustración ciudadana, lo que contribuyó al debilitamiento de su democracia.

Un enfoque que evite divisiones sectarias y represalias es crucial. Según dijo a The New York Times Stephen J. Rapp, ex embajador de Estados Unidos para la Justicia Global, “un proceso judicial que se perciba como venganza podría alimentar nuevos ciclos de violencia”. Expertos han sugerido la creación de un tribunal especial para los crímenes más graves, complementado con una comisión de la verdad similar a la de Sudáfrica tras el apartheid, para abordar las violaciones de derechos humanos de forma inclusiva y fomentar la reconciliación.

Además, los expertos subrayan la necesidad de priorizar la búsqueda de las aproximadamente 136.000 personas desaparecidas, muchas de las cuales se cree que fueron ejecutadas o enterradas en fosas comunes. Sin embargo, las investigaciones enfrentan obstáculos, ya que documentos cruciales han sido dañados, saqueados o destruidos, según Jelacic. Las sanciones internacionales contra Siria también dificultan los esfuerzos de grupos que trabajan en la protección de pruebas.

Aunque la reconstrucción institucional y social llevará tiempo, los expertos advierten que la justicia no puede demorarse indefinidamente. Retrasos prolongados, como ocurrió en Túnez, pueden generar desilusión ciudadana y abrir la puerta a nuevas crisis políticas. Lamia Farhani, abogada tunecina y activista por los derechos humanos, reflexionó ante The New York Times las lecciones de su país: “Nuestra democracia naciente fracasó ante la primera tormenta porque no hubo verdadera reconciliación”.

Siria enfrenta una encrucijada en la que equilibrar justicia, reconciliación y desarrollo será crucial para evitar un nuevo ciclo de violencia y garantizar una transición estable hacia un futuro más justo.