Los investigadores de Corea del Sur que llevan el caso contra el presidente Yoon Suk Yeol, depuesto tras decretar la ley Marcial en el país, pidieron al actual mandatario en funciones que interceda y coopere para conseguir su detención.
Como parte de las investigaciones y ante las reiteradas negativas de Yoon de presentarse ante la Justicia para prestar declaratoria, la Fiscalía emitió días atrás una orden de arresto, con vigencia hasta el 6 de enero.
Este viernes por la mañana, un grupo de 20 funcionarios de la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango se presentó en su residencia, donde tenía lugar un fuerte operativo policial por la presencia de una multitud que se reunió allí en su apoyo, y trató de ejecutar la orden.
Sin embargo, al intentar ingresar en la casa para detener al político, los oficiales se toparon con un bloqueo por parte del Servicio de Seguridad Presidencial que, con cerca de 200 efectivos, impidió su avance. Tras horas de enfrentamientos, finalmente se dio por suspendido el intento.
”Hemos determinado que la ejecución de la orden de detención sería prácticamente imposible debido a la continua confrontación”, indicó el organismo en un comunicado recogido por la agencia surcoreana Yonhap.
Ahora, con miras a hacer valer la orden antes de su vencimiento, los investigadores pidieron al presidente en funciones, Choi Sang-mok, que interceda ante el equipo de custodia del Ejecutivo y facilite el arresto de Yoon, para avanzar con la causa en su contra.
De momento, desde el Ministerio de Finanzas, la cartera que lideró hasta asumir el máximo cargo del país, no ha realizado comentarios al respecto.
A la par, la Fiscalía citó a los dos máximos responsables del Servicio de Seguridad Presidencial (PSS), Park Jong-joon y Kim Seong-hoon, a apersonarse para ser interrogados por su papel en la obstrucción de dicho operativo, a lo que respondieron con su ausencia.
El PSS explicó en un comunicado que su decisión respondió a que “no pueden abandonar sus puestos ni por un momento”, dada la responsabilidad que sobre ellos recae, de garantizar la seguridad del político. No obstante, la unidad aseguró que se está considerando una reprogramación de la cita.
Por su parte, la defensa del presidente depuesto asegura que la orden de detención es “inválida” e “ilegal” y, por tanto, solicitaron al tribunal su anulación.
Según el equipo legal, la Fiscalía carece de la autoridad para solicitar un arresto por delitos de insurrección, a la par que señaló otras irregularidades como el intento de allanamientos en su oficina que, de haberse completado, habría violado una ley que establece que los sitios potencialmente vinculados a secretos militares no pueden ser registrados sin el consentimiento de la persona a su cargo.
Yoon, por su parte, prometió a sus seguidores que luchará “hasta el final” contra las “fuerzas antiestatales” que -asegura- lo persiguen, y defenderá a su país.
“Debido a las fuerzas internas y externas que infringen su soberanía y las actividades de los grupos antiestatales, Corea del Sur está ahora en peligro (pero) una democracia libre, donde cada ciudadano es el propietario, no el estado o un partido, prevalecerá”, dijo en un discurso esta semana.
(Con información de Reuters)
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