EEUU respaldó las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra altos mandos rusos por crímenes de guerra perpetrados en Ucrania

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, mostró este martes su apoyo a las órdenes de arresto emitidas por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el ex ministro de Defensa de Rusia Sergei Shoigu y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri Gerasimov, por su responsabilidad en posibles crímenes de guerra en el marco de la invasión de Ucrania.

“Hemos dejado claro que se han cometido atrocidades por parte de las fuerzas rusas en su invasión ilegal de Ucrania y que debe haber rendición de cuentas por esas atrocidades. Apoyamos toda una serie de investigaciones internacionales sobre las atrocidades cometidas por Rusia en Ucrania, incluida la llevada a cabo por la TPI”, expresó Miller durante una rueda de prensa.

Sin embargo, se negó a dar detalles sobre las “conversaciones privadas” entre el TPI y Washington en el marco de estas investigaciones.

El organismo había indicado que Shoigu y Gerasimov serían responsables de “crímenes internacionales” cometidos “al menos” entre octubre de 2022 y marzo de 2023, incluido su papel en presuntos crímenes de guerra por ataques contra objetivos civiles y crímenes contra la humanidad por “actos inhumanos” en el marco de la guerra.

Shoigu y Gerasimov se suman al presidente ruso, Vladimir Putin, y a la comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia de Rusia, Maria Lvova-Belova, sobre quienes pesan órdenes de arresto por parte del TPI desde marzo de 2023 por presuntos crímenes de guerra por la deportación forzosa de niños ucranianos desde zonas ocupadas del país europeo, aunque por el momento no han sido detenidos ni entregados al tribunal.

Los objetivos principales del derecho internacional humanitario es la protección de los civiles en conflictos armados, recordó el TPI, que advirtió de que el “principio de distinción” prohíbe el uso de la fuerza armada contra personas protegidas durante las hostilidades.

“La presunta campaña de ataques constituye un tipo de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra la población civil, llevados a cabo de acuerdo con una política estatal”, advirtió la Sala, que acusó a los sospechosos de causar “intencionadamente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o la salud mental o física” de la población civil, “actos inhumanos” definidos como “crimen de lesa humanidad”.

Shoigu, confidente del presidente Vladimir Putin, fue ministro de Situaciones de Emergencia de 1991 hasta 2012, cuando ascendió a ministro de Defensa, cargo del que fue destituido el mes pasado. Ahora es secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.

Mientras, el general Gerasimov es jefe del Estado Mayor desde 2012, y, desde enero de 2023, comandante de lo que se conoce como “Grupo de Fuerzas Conjuntas en la Zona de Operaciones Militares Especiales”.

”Todos los involucrados en conflictos (armados) deben seguir las reglas básicas de conducta reflejadas en el derecho internacional humanitario (…) Ningún individuo, en ninguna parte del mundo, debería sentir que puede actuar con impunidad. Y ninguna persona, en ninguna parte del mundo, debería sentir que merece menos protección que otras”, advirtió el fiscal Karim Khan.

Aunque la Sala autorizó a hacer públicas estas órdenes de arresto, su contenido permanece “secreto” para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones. No siempre se anuncian las órdenes de detención aprobadas por el tribunal o solicitadas por la fiscalía, pudiendo permanecer confidenciales durante años.

Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en su territorio desde el 20 febrero de 2014, lo que incluye la anexión rusa de Crimea y la agresión a Ucrania en febrero de 2022.

Queda en manos de los 124 Estados miembros el cumplimiento de estas órdenes de detención y el envío a La Haya de los sospechosos, ya que la CPI no tiene una fuerza propia para arrestar a los acusados.

(Con información de Europa Press y EFE)