La presidenta europeísta de Moldavia, Maia Sandu, promulgó las enmiendas al Código electoral que prohíben la participación en las elecciones a representantes del partido prorruso Shor, declarado anteriormente inconstitucional.
El correspondiente decreto fue publicado este miércoles en el sitio de la Administración presidencial poco después de que el Parlamento, convocado de urgencia por su presidente, Igor Grosu, aprobase estas enmiendas.
El Código electoral enmendado veta la posibilidad de participar a cerca de 70 representantes del ilegalizado partido político Shor en las elecciones locales del próximo 5 de noviembre, en las que se elegirán los jefes de las administraciones y los representantes de los legislativos locales, según el portal moldavo NewsMaker.
El nuevo documento estipula la inhabilitación electoral por tres años de los políticos “sospechosos o acusados de cometer los delitos que condujeron a la declaración de este partido político como inconstitucional” o “inhabilitados en las elecciones anteriores por financiamiento ilegal de la campaña electoral”.
También afectará a quienes sean objeto de las “sanciones internacionales citadas por el Tribunal Constitucional en la decisión de declarar inconstitucional al partido político”.
El listado definitivo de los políticos que se verán afectados por esta medida deberá ser conformado para la semana venidera por la Inspección Nacional de la Policía, el Centro Nacional Anticorrupción y el Servicio de Información y Seguridad moldavo, para su aprobación por la Comisión Electoral Central del país.
La decisión tomada por Maia Sandu busca contrarrestar la decisión del Tribunal Constitucional de Moldavia aprobada el pasado 3 de octubre que abrió la posibilidad de participar en las elecciones a candidatos afines al partido Shor, tras la apelación a la anterior enmienda del Código Electoral interpuesta por los prorrusos.
La enmienda recurrida había sido aprobada anteriormente por el Parlamento moldavo y preveía una prohibición de participar en los comicios durante cinco años.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, denunció este miércoles que Rusia tiene “no menos de 70″ campamentos donde somete a niños ucranianos deportados o procedentes de los territorios ocupados por Moscú a una instrucción “patriótico-militar” obligatoria.
“Nuestros niños no pueden elegir sobre si participar o no. Se registra a todo el mundo y es un programa educativo oficial”, dijo Lubinets, citado por la agencia de noticias ucraniana, Ukrinform.
Lubinets aseguró que Rusia busca “educar a una nueva generación de personal militar entre los niños ucranianos” que “probablemente tendrá que luchar contra Ucrania o contra otros países” en el futuro.
Según el Defensor del Pueblo, estos campamentos operan en el territorio de la Federación Rusa, en las regiones ucranianas temporalmente ocupadas y en Crimea, la península anexionada por Rusia en 2014.
Ucrania ha identificado a unos 20.000 menores que han sido trasladados de sus hogares o de centros estatales en los territorios ocupados a otras zonas bajo control ruso o a la propia Rusia.
Parte de estos menores fueron separados de sus familias al no permitírseles volver de los campamentos a los que sus padres o tutores habían acordado enviarles por unas semanas.
(Con información de EFE)
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