Ucranianos en territorios ocupados por Rusia están siendo obligados a aceptar la ciudadanía rusa para obtener servicios estatales básicos y, según denuncian activistas pro derechos humanos, siguen bajo la amenaza del alistamiento obligatorio y las detenciones.
“La mayor parte de la gente que sigue allí son ancianos. Y los que son jóvenes no hablan mucho”, declaró a EFE Denys, que abandonó este año una localidad bajo ocupación rusa de la provincia de Kherson (sur).
Es uno de los miles de ucranianos que se han visto obligados a emprender un largo y con frecuencia costoso viaje a través de territorio ruso para escapar de los riesgos a los que se enfrentaban quedándose en casa.
Muchos de los que eligen permanecer, lo hacen porque no pueden abandonar el lugar en el que han pasado toda la vida o porque tienen que cuidar de familiares o propiedades.
“La gente tiene miedo de hablar. Tienen acceso a internet a través de las redes (de telefonía) rusas y no quieren tener problemas si sus mensajes son interceptados o rastreados”, explicó Denys.
No obstante, las informaciones disponibles son recabadas cuidadosamente por organizaciones ucranianas de derechos humanos gracias a sus contactos personales en los territorios ocupados e informaciones de las autoridades locales instaladas por Moscú.
Un informe del Grupo Oriental de Derechos Humanos, presentado el pasado 15 de agosto, denuncia que Rusia ha intensificado los esfuerzos para obligar a la población restante a asumir la ciudadanía rusa.
Un decreto firmado en abril por el presidente ruso, Vladímir Putin, prevé la posibilidad de deportar a los que no tengan un pasaporte ruso el 1 de julio de 2024, recordó la organización, aunque la imposición forzosa de la ciudadanía ya se producía antes con una serie de medidas para penalizar a quienes se resistieran.
“Recibir atención médica, servicios educativos, bancarios, es imposible sin presentar un pasaporte de la Federación Rusa”, dijo la abogada Vira Iastrebova, presidenta de la ONG.
Corroboran esta afirmación declaraciones de cargos locales designados por Moscú, como Aleksandr Dudka, alcalde de la localidad de Lazurne, en Kherson.
En su canal de Telegram, afirmó la semana pasada que “los ciudadanos de otros países, es decir, Ucrania” no tendrán acceso a medicamentos proporcionados por el Estado, incluida la insulina, ni a ayuda humanitaria.
Las fuerzas de seguridad pueden detener además a personas durante 30 días sin dar explicaciones por negarse a aceptar un pasaporte ruso, según el informe.
Tan sólo en las dos primeras semanas de agosto, en Lugansk fueron detenidas por este motivo 138 personas y en Donetsk 103, según Iastrebova.
Como en Crimea
La estrategia rusa sigue en gran medida los pasos adoptados en la península de Crimea tras su anexión ilegal en 2014, por los que “cada vez hay menos y menos esferas de la vida en las que puedas manejarte sin un pasaporte ruso”, según dijo a EFE Alyona Luneva, del Centro de Derechos Humanos ZMINA.
ZMINA ha recibido informaciones de que las autoridades rusas obligan a los propietarios de inmuebles y territorios a registrar de nuevo sus derechos de propiedad o de arriendo con un pasaporte ruso.
“De forma deliberada Rusia hace la vida imposible a todos aquellos que no solicitan su ciudadanía”, subrayó.
Al mismo tiempo, advierte, obtener la nacionalidad comporta numerosos riesgos, ya que la información personal queda a disposición de los servicios de seguridad rusos, mientras que los varones se enfrentan al peligro de la movilización militar forzosa.
Aunque por el momento no hay informaciones sobre movilizaciones forzosas en los territorios recién ocupados, la práctica de obligar a los residentes varones a prestar servicio en el Ejército ruso se mantiene en Crimea y en las partes de Lugansk y Donetsk ocupadas desde antes de 2022.
Además, los sospechosos de colaborar con las fuerzas armadas ucranianas se enfrentan al riesgo de acabar en una cámara de tortura o de ser condenados a largas penas de cárcel.
“Todos los que se quedan en los territorios temporalmente ocupados viven en riesgo de ser detenidos, de ser condenados ilegalmente y terminar en algún sótano en base a una denuncia falsa”, subrayó Iastrebova.
(Con información de EFE)
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