Un tribunal de Myanmar aplazó este martes hasta el 6 de diciembre los primeros veredictos de los casos contra la derrocada líder Aung San Suu Kyi, que le podrían costar una pena de varios años de prisión, informaron fuentes judiciales.
Las fuentes, que se mantienen anónimas por seguridad, precisaron a la agencia de noticias Efe que el tribunal de Naipyidó, la capital, pospuso los veredictos que deberían haberse pronunciado este martes por los casos de incitación y de quebrantar la ley de Desastres Naturales al incumplir las normas de control de la pandemia de COVID-19.
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Este último veredicto fue aplazado después de que los abogados de Suu Kyi solicitaran al tribunal que declarase un testigo que no había podido testificar hasta entonces.
El delito de incitación, del que se declaró no culpable el pasado septiembre, castiga la emisión de mensajes que causen “miedo o alarma” o inciten que alguna persona cometa algún crimen contra el Estado.
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Los abogados de Suu Kyi se han lamentado en los últimos meses de las dificultades para encontrar testigos que declaren en favor de la ex mandataria por miedo a posibles represalias de la junta militar, que detenta el poder en el país desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.
La depuesta líder también está siendo juzgada por otros cargos como la importación ilegal de “walkie talkies”, la vulneración de la Ley de Secretos Oficiales (castigada con hasta 14 años de prisión), de abuso de poder y de corrupción por, supuestamente, haber aceptado sobornos.
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El Ejército justifica la toma de poder por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales del pasado año, cuyo resultado fue anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015 con el aval de observadores internacionales.
El golpe de Estado supuso el encarcelamiento de Suu Kyi y otros líderes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia, y sumió a Myanmar en una profunda crisis política, social y económica.
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Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), desde el golpe de Estado las fuerzas de seguridad han matado a 1.297 personas y han detenido de manera arbitraria a más de 10.500.
(Con información de EFE)
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