Procuraduría investiga contrato de $30.000 millones del Ministerio de Igualdad firmado durante su liquidación

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si existieron posibles irregularidades en la celebración de un contrato por $30.275.999.986, suscrito por el Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad) con la empresa Laborando S.A.S., cuyo objeto es la vinculación de hasta 1.270 personas para apoyar la gestión operativa del programa Jóvenes en Paz.

De acuerdo con Caracol Radio, la actuación disciplinaria fue anunciada mediante un auto de seis páginas expedido por la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, luego de conocerse denuncias públicas sobre la contratación realizada cuando el Ministerio de Igualdad y Equidad ya se encuentra en proceso de liquidación.

De acuerdo con el documento, la indagación se adelanta “en averiguación de responsables” respecto de funcionarios por determinar del Ministerio de Igualdad y Equidad y de Fiduagraria S.A., en su calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo Fonigualdad.

La investigación comenzó tras denuncias públicas

La decisión de la Procuraduría se produjo después de las denuncias realizadas por los representantes a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, y Daniel Briceño, del Centro Democrático, quienes cuestionaron la contratación realizada por Fonigualdad.

Asimismo, según reveló la revista Semana, en la decisión, el procurador tercero delegado para la Contratación Estatal, Carlos Augusto Wilches Vega, explicó que, debido a la “relevancia de los hechos denunciados en los medios de comunicación”, se dispuso el inicio de una indagación de oficio.

“Al parecer, dicha contratación dejaría comprometidos recursos públicos durante los próximos meses a pesar de que actualmente esa cartera ministerial atraviesa un proceso de liquidación”, advirtió el funcionario en el documento.

Qué revisará la Procuraduría

La investigación busca establecer si la celebración del contrato se ajustó a la normatividad vigente y si existía la necesidad de adelantar esa contratación en medio del proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad.

El contrato fue celebrado por un valor de $30.275.999.986 y contempla un plazo de ejecución de cuatro meses, comprendido entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2026, para suministrar el talento humano requerido en la ejecución del programa Jóvenes en Paz.

De acuerdo con el documento contractual divulgado por el representante Daniel Briceño, el personal proyectado está distribuido así:

• 75 personas para la Unidad de Gestión.
• 1.016 integrantes para el equipo territorial.
• 15 personas para el equipo gerencial de apoyo.
• 164 personas para el equipo de atención integral a jóvenes en contextos críticos y de emergencia social.

La Procuraduría también revisará el anticipo pactado equivalente al 30% del valor del contrato, es decir, $9.082.799.996, así como los pagos efectuados y demás actuaciones relacionadas con la ejecución del proceso contractual.

Como parte de la indagación, el Ministerio Público ordenó solicitar a Fiduagraria los antecedentes administrativos del proceso de contratación, un informe ejecutivo sobre el estado actual del contrato, las hojas de vida de los directivos involucrados, la información relacionada con los pagos realizados y otros documentos asociados con la celebración y ejecución del convenio.

Además, solicitó copia de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, mediante la cual fue declarada inexequible la norma que dio origen al Ministerio de Igualdad y Equidad.

Las denuncias de Julio César Triana

El pasado 30 de julio, el representante a la Cámara Julio César Triana aseguró a través de sus redes sociales que Fonigualdad habría suscrito varios contratos millonarios cuando el Ministerio de Igualdad ya estaba en proceso de liquidación.

Según el congresista, el fondo celebró seis contratos por más de $82.090 millones y posteriormente habría suscrito otros dos contratos por más de $31.271 millones, entre ellos uno por $30.275.999.986 destinado al programa Jóvenes en Paz, firmado el 1 de julio de 2026.

En su publicación, Triana sostuvo que el Decreto 626 de 2026 establecía que, una vez ordenada la liquidación del Ministerio, únicamente podían celebrarse los contratos estrictamente necesarios para adelantar ese proceso, por lo que solicitó a los organismos de control investigar si dichas contrataciones se ajustaban a las excepciones previstas en esa norma.

Tras conocerse la apertura de la indagación, el representante volvió a pronunciarse en sus redes sociales.

“Hace unos días lo denunciamos y hoy la Procuraduría abre indagación. Mientras el Ministerio de la Igualdad estaba en liquidación, Fonigualdad suscribió un contrato superior a $30.000 millones para vincular a más de 1.200 personas”, escribió.

El congresista agregó que ahora corresponde a las autoridades establecer las responsabilidades sobre la celebración del contrato.

La denuncia de Daniel Briceño

Por su parte, el representante Daniel Briceño publicó el 2 de agosto un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que el Ministerio de Igualdad, pese a encontrarse en liquidación, había dejado contratada la vinculación de 1.270 personas mediante una empresa de servicios temporales.

En la publicación, el congresista señaló que el contrato tenía un valor de $30.275.999.986 y contemplaba un anticipo superior a $9.082 millones.

Junto al mensaje difundió apartes del contrato suscrito entre Fonigualdad, administrado por Fiduagraria, y Laborando S.A.S., en el que se describen el objeto contractual, el número de trabajadores proyectados, el plazo de ejecución y el valor máximo del proceso.

La versión conocida por Caracol Radio

En medio de la controversia, Caracol Radio informó que, según conoció ese medio, la contratación correspondería a un proceso regular, debido a que estaría orientada a garantizar la continuidad de la prestación del servicio del programa Jóvenes en Paz y la atención de los jóvenes vinculados hasta finalizar la ruta establecida.

De acuerdo con esa información, una parte importante de la contratación responde a la necesidad de contar con equipos territoriales para el cierre administrativo del programa y el cumplimiento de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, el medio señaló que los recursos destinados para esa contratación ya se encontraban comprometidos y que, ante el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y la ausencia del Viceministerio de Juventudes, Fonigualdad asumió la continuidad de ese programa.

No obstante, el mismo medio indicó que también existen otros contratos de alto valor celebrados en medio del proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad que han generado cuestionamientos públicos y que podrían ser objeto de revisión por parte de los organismos de control.