Occidente sigue presionando al gobierno de Vladimir Putin para que dé explicaciones sobre el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny, quien hoy se encuentra detenido en una prisión a las afueras de Moscú.
En ese contexto, cuarenta y cinco países, entre ellos Reino Unido, Alemania y Canadá solicitaron este martes al organismo mundial de control de armas químicas que Rusia responda sobre el ataque con agente neurotóxico Novichok contra el activista ruso.
El Gobierno tiene 10 días para responder a las preguntas planteadas por los países, según las normas de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con sede en La Haya, según indicaron los delegados.
Los países occidentales creen que Navalny fue envenenado en Rusia con el agente neurotóxico de la era soviética Novichok en agosto del año pasado. Tras el ataque, el líder opositor fue tratado en Alemania antes de regresar a Rusia, donde se encuentra encarcelado desde el pasado mes de enero.
Moscú, no obstante, siempre ha negado su implicación.
“Hoy, 45 Estados (...) informaron al consejo ejecutivo de la OPAQ de que formularán formalmente preguntas a Rusia sobre el envenenamiento de Navalny en virtud del artículo 9 de la Convención”, expresó la delegación británica en un tuit.
“Rusia tiene 10 días para responder”, añadió.
El consejo ejecutivo de la OPAQ, compuesto por 41 Estados miembros, se reúne esta semana para debatir los avances en la eliminación de las armas químicas en el mundo.
Los Estados occidentales también pidieron a la dictadura siria, aliada de Rusia, que dejara entrar a los inspectores de armas, afirmando que Damasco seguía incumpliendo sus obligaciones con la OPAQ.
El año pasado, Navalny acusó al presidente Putin de estar detrás de su envenenamiento. En concreto, lo acusa de haber ordenado su asesinato al Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).
Las autoridades rusas negaron cualquier participación y cuestionaron si incluso fue envenenado. Pero los propios médicos que lo trataron aseguraron que fue atacado con el agente neurotóxico desarrollado durante la Unión Soviética. Por ese motivo, las potencias occidentales impusieron sanciones contra Moscú por el trato que dio a Navalny.
Expertos de la ONU reclamaron una investigación internacional sobre su envenenamiento y la Unión Europea y Estados Unidos sancionaron a altos funcionarios rusos.
El líder opositor fue arrestado el 17 de enero pasado a su regreso de Alemania, país donde pasó cinco meses mientras se recuperaba del envenenamiento.
La detención de Navalny provocó importantes manifestaciones en Rusia, a las que las autoridades respondieron con más de 11.000 detenciones. La UE y Estados Unidos, desde entonces, exigen la “liberación inmediata” del preso político.
El activista fue condenado a dos años y medio de cárcel por un antiguo caso de presunta estafa y lavado de dinero, pero cumplirá sólo dos años y medio, ya que se le descuentan los diez meses que pasó en arresto domiciliario y el tiempo que estuvo en prisión preventiva desde su detención.
Sin embargo, el opositor ruso se enfrenta a una nueva investigación penal por “extremismo”, un delito castigado con hasta 10 años de cárcel, en una nueva etapa de la represión de su movimiento tras el desmantelamiento de sus organizaciones.
Las investigaciones contra él y varios colaboradores cercanos se producen tras la victoria en las elecciones legislativas del partido de Vladimir Putin, después de una campaña para excluir de las urnas a casi todos los candidatos contrarios al Kremlin.
El opositor y sus aliados están ahora acusados de haber “creado y dirigido una organización extremista” a través de su Fondo Anticorrupción (FBK) y otras ocho organizaciones.
También se le acusa desde agosto de llamar a sus seguidores a cometer “actos ilícitos”, un delito castigado con tres años de prisión.
Según un comunicado del Comité de Investigación, encargado de las principales investigaciones en Rusia, Navalny y sus aliados fueron acusados de haber “creado y dirigido una organización extremista” que de 2014 a 2021 pedía “un cambio de poder por la vía violenta”.
Según los investigadores, las manifestaciones ilegales que organizaban el opositor y sus aliados conllevaban “llamamientos a acciones extremistas y terroristas”.
Los cargos, que conllevan una pena de 10 años de prisión, también apuntan a dos de sus colaboradores cercanos, Leonid Volkov e Ivan Zhdanov.
Otros colaboradores, entre ellos la moscovita Lyubov Sobol, están acusados de “participación en una organización extremista”, castigada con seis años de cárcel, según la misma fuente.
La mayoría de los aliados de Navalny se encuentran en el extranjero, tras huir de la represión de los últimos meses en Rusia, en la que varios de ellos fueron detenidos o puestos en libertad vigilada.
Con información de AFP
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