Iran prohibió la minería de criptomonedas como el bitcoin después de una serie de apagones masivos en las principales ciudades del país, en la última señal de una creciente inquietud por el uso de energía del activo digital.
La prohibición entra en vigencia de inmediato y durará hasta el 22 de septiembre, dijo el miércoles el presidente, Hassan Rouhani, en la televisión estatal.
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La medida sigue una prohibición regional en China, el principal país minero de bitcoin, y la decisión del fabricante de automóviles eléctricos Tesla de dejar de vender autos usando el token. Ambos argumentaron preocupaciones ambientales, lo que provocó una caída en el valor del bitcoin desde el máximo histórico de abril.
Los funcionarios iraníes culpan al aumento de la minería, así como al aumento de la fabricación y la caída en el suministro de energía hidroeléctrica, de los apagones que están causando estragos en las empresas y la vida cotidiana.
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El Gobierno ha estado tomando medidas enérgicas contra el 85% de la minería sin licencia, incluso ha reclutado espías para localizar a los mineros que esconden computadoras en todas partes, desde hogares hasta mezquitas. Los precios subsidiados de la energía permiten a los mineros poner a trabajar las complejas computadoras que compiten para resolver problemas matemáticos y reciben bitcoines como recompensa.
La Universidad de Cambridge estima que Irán fue el hogar de 3,4% de la minería de Bitcoin en los primeros cuatro meses de 2020, colocándolo en el sexto lugar a nivel mundial, con China muy por delante con 69,3%. Otra estimación de la empresa de análisis Elliptic sitúa la participación de la República Islámica en más de un punto porcentual más alta.
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Los 50 centros mineros autorizados de Irán se distribuyen en 14 de sus 31 provincias y consumen un total de 209 megavatios de electricidad, dijo el miércoles el operador de la red Tavanir en un comunicado, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.
Irán está negociando con Estados Unidos y otras potencias mundiales para reactivar el acuerdo nuclear de 2015, que aliviaría las sanciones y permitiría a las empresas extranjeras proporcionar la muy necesaria inversión en infraestructura en su red eléctrica.
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(Con información de Bloomberg/Patrick Sykes)
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