
La presión del régimen chino contra el gigante tecnológico Alibaba no es solo una cuestión de represalias por las recientes críticas de su fundador, Jack Ma, quien recientemente lanzó inusuales dardos contra Beijing. El botín en juego es demasiado grande como para que se trate de una cuestión de disciplina: los atesorados datos de los consumidores.
En noviembre, los reguladores chinos frustraron la colosal salida a la bolsa de la fintech Ant Group, un gigante de pagos en línea. La operación habría recaudado según las previsiones más de 34.000 millones de dólares y se habría convertido en la mayor salida a bolsa de la historia.
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Jack Ma, accionista mayoritario de esa empresa, criticó a los reguladores y desde entonces no ha sido visto en público. Expertos en la política china presumen que ha recibido órdenes de mantener un bajo perfil.
Los reguladores argumentaban que Ant debe mejorar en la transparencia y en la protección de la privacidad de los datos de los usuarios, y que ponga fin a las prácticas de competencia desleal. No obstante, eso sería lo que precisamente tiene Xi Jinping en la mira, según informó el Wall Street Journal.
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La aplicación Alipay, que este martes fue objeto de sanciones por el gobierno de Donald Trump, es utilizada por más de mil millones de usuarios y, en consecuencia, maneja enormes y valiosos datos sobre hábitos de consumo, comportamiento de prestatarios e historiales de pago. Esa misma información ha sido la piedra angular de los cientos de millones de préstamos que Ant ha otorgado como intermediario entre bancos y personas.
Es que durante años, los reguladores chinos han fracasado en sus intentos por instaurar un sistema de puntuación de crédito para facilitar la tarea de los prestamistas. La misión sí fue lograda parcialmente por Ant, que puso en marcha su sistema Zhima Credit, que asigna las calificaciones a los usuarios sin antecedentes.
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Cuando el Banco Popular de China puso en marcha la iniciativa Baihang Credit, invitó a Ant, junto a otras seis empresas, a ser parte como accionistas de la firma, pero no lograron el objetivo principal: que las compañías de Jack Ma compartan su base de datos.
El Wall Street Journal sostiene que las autoridades chinas están ahora tratando de derribar ese lucrativo modelo de negocios, una especie de monopolio crediticio, para reducir los “peligros potenciales para el sistema financiero del país”.
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Por ello, los reguladores buscan que Ant funcione como un banco y que use sus propios fondos para los préstamos. Ello conllevaría que la empresa comparta sus datos con el Banco Central (o, bajo otra opción parecida, que la información sea accesible a una empresa crediticia controlada por dicha entidad).
Analistas consultados por el WSJ indicaron que los datos son de interés público, pero no está claro qué tan lejos pueden llegar los reguladores para intentar conseguir esa información.
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Por su parte, a Jack Ma, uno de los ejecutivos más poderosos, le queda poco margen de maniobra tras haber perdido la gracia del régimen.
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