El líder de una gran red de tráfico sexual virtual que conmocionó a Corea del Sur fue condenado a 40 años de prisión por someter a más de 70 mujeres a esclavitud sexual, informó The Guardian.
Cho Ju-bin fue encontrado culpable por un tribunal de Seúl por “esclavizar virtualmente” a mujeres, entre las cuales había por lo menos 16 menores de edad, un caso que obligó al gobierno surcoreano a tomar medidas drásticas contra los delitos sexuales en internet.
Los casos contra el jefe de la red sexual sucedieron entre mayo de 2019 y febrero de este año, indicaron los fiscales, quienes afirmaron que Cho utilizó chantaje para hacer que sus víctimas enviaran imágenes degradantes y en algunos casos violentas contra ellas mismas.
Cho, de 24 años, utilizaba el apodo de “Baksa”, que significa “médico” en coreano, y se encargaba de distribuir el material que obtenía de sus victimas a los miembros de una sala de chat grupal de Telegram que tenía el nombre de Baksabang.
De acuerdo a la prensa local, en su sentencia contra Cho el tribunal del distrito central de Seúl lo declaró culpable de violar las leyes que protegen a los menores de edad del abuso sexual y lo identificó como el responsable de operar la red de pornografía para obtener ganancias de la producción y vende de videos catalogados como abuso sexual.
“El acusado atrajo y amenazó a múltiples víctimas de diversas formas para producir pornografía y la distribuyó durante mucho tiempo a muchas personas”, dijo el juez.
El togado también resaltó que Cho, en particular, “infringió un daño irrecuperable a muchas de las víctimas al publicar sus identidades”.
Al sentenciarlo a 40 años el juez sostuvo que su pena era apropiada dada la “gravedad de sus crímenes, el gran número de víctimas y el daño que les causó”, además de resaltar que Cho era una “influencia maligna para la sociedad” por su “actitud impenitente”.
Cuando Cho fue arrestado en marzo su caso capturó la atención de la prensa ocasionando una ira generalizada en Corea del Sur, un país en que las denuncias de violencia sexual virtual vienen en aumento.
La atención se ha centrado, por ejemplo, en la práctica llamada “molka”, que consiste en el uso de cámaras ocultas para espiar a mujeres y luego distribuir imágenes de naturaleza sexual o utilizar estas grabaciones para extorsionarlas.
Millones de personas se movilizaron en Seúl cuando se conoció el caso de Cho, firmando una petición para que las autoridades revelaran la identidad del joven y no solo lo investigaran a él sino a los suscriptores a su red de pornografía y tráfico sexual.
De acuerdo a medios locales como Yonhap la red de tráfico sexual operada por Cho cobraba subscripciones de hasta 1.5 millones de won (USD 1.355) para ver el contenido obtenido de las víctimas producto de amenazas, engaños e intimidaciones.
Cho aceptó ante la corte que engañó a estas mujeres para que filmaran videos sexuales, pero negó haberlas chantajeado o coaccionado en el proceso. Esta negación obligó a varias de las víctimas a testificar ante el tribunal y eventualmente a aumentar la pena en su contra.
De acuerdo con las autoridades hay más de 120 sospechosos de participar en esta red, los cuales han sido arrestados, y entre ellos 18 eran operadores de salas de chat en Telegram y otras redes sociales.
La policía viene adelantando operativos desde el año pasado para rastrear y sancionar estos delitos.
El veredicto contra Cho todavía podría ser apelado por su defensa y supone un sentencia más leve que la pena de cadena perpetua que habían pedido los fiscales del caso.
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