
Cuatro ex empleados y ejecutivos de la sucursal en Madrid del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) han acordado con la Fiscalía Anticorrupción española penas de hasta cinco meses de prisión en un caso de lavado de dinero, señaló el martes el ministerio público.
Los acusados también aceptaron pagar multas por un total de 22,7 millones de euros (unos 25,55 millones de dólares) como parte del acuerdo para resolver el caso, dijo la Fiscalía.
En un comunicado, el órgano anticorrupción también informó que el acuerdo tuvo lugar el lunes durante el juicio y que el importe de la multa ya fue ingresado.
En 2016, las autoridades judiciales españolas iniciaron una investigación sobre la gestión europea del banco chino ICBC como parte de una pesquisa sobre el presunto lavado de cientos de millones de euros del gigante bancario chino a través de la sucursal de Madrid.
Esta iniciativa fue realizada en colaboración con diferentes autoridades anti corrupción internacionales, entre ellas Europol, en lo que fue bautizado como “Operación Serpiente”. El objetivo era investigar cómo las bandas criminales lavaron decenas de millones de euros en activos chinos que ingresaron a la Unión Europea mediante fraude de aduanas.

Se cree que entre 2011 y 2013 unos 90 millones de euros provenientes del crimen organizado chino llegaron a España en mochilas, equipajes y cajas, para luego ser depositado en cuentas del ICBC.
“Los acusados han aceptado la calificación [del crimen como lavado de dinero] y la sentencia, lo que ha permitido al fiscal y a la defensa pedir a la Corte que ratifique el acuerdo en un veredicto”, dijo la oficina del fiscal en un comunicado. Sin dar nombres de los acusados, señala que la Tribunal Supremo español mantuvo el lunes una reunión con respecto al caso.
Un portavoz de la corte dijo que el juez debía ratificar el acuerdo, lo que es considerado como una mera formalidad.
De acuerdo a una investigación publicada por el periódico La Vanguardia, la sucursal Madrid del ICBC intentó ocultar los pagos recibidos por entidades criminales al separarlos en numerosos depósitos de 50.000 euros o menos, aún cuando tenía información de que la policía estaba realizando una investigación.
Con información de Reuters
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