España está a un paso de conformar un Gobierno de coalición de izquierdas, pendiente del apoyo de los independentistas catalanes de ERC, que hoy anunciaron su disposición favorable a una abstención que convertiría al socialista Pedro Sánchez en presidente del Gobierno.
La ejecutiva de ERC acordó este lunes trasladar a su consejo nacional, convocado para el próximo día 2 de enero, la propuesta de abstenerse y facilitar así la investidura del líder socialista, para la que todavía no hay fecha pero que podría ser en los próximos días.
La formación independentista estaba pendiente del informe de la Abogacía del Estado sobre la posibilidad de que su líder, Oriol Junqueras, pudiera viajar a Bruselas para asumir su cargo de eurodiputado, a pesar de estar ya condenado por sedición y malversación a 13 años de cárcel.
El "gesto" de la Abogacía que esperaba ERC llegó hoy cuando se dieron a conocer las alegaciones sobre el caso de Junqueras tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que reconocía su inmunidad como eurodiputado.
La Abogacía del Estado solicitó al Supremo que permita que Junqueras pueda tomar posesión como eurodiputado y ejerza sus funciones mientras mantenga ese estatus, al tiempo que urgió al tribunal a tramitar “a la mayor brevedad” ante el Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad.
La Ejecutiva de ERC se reunió hoy, aunque tiene que ser su Consejo Nacional el que se pronuncie sobre la investidura de Sánchez.
PROGRAMA DE INVESTIDURA
A la espera de la posición definitiva de ERC, Sánchez dio hoy pasos determinantes para que su investidura sea una realidad y lo sea pronto.
Entre otras cosas, porque quedó ya cerrado el programa de Gobierno de coalición los socialistas y el líder de la formación de izquierdas Unidas Podemos, Pablo Iglesias, rubricaron hoy en el Congreso.
Ese acuerdo incluye medias sociales como la derogación de la reforma laboral puesta en marcha por el gobierno del conservador Partido Popular (PP) y una subida de impuestos a las rentas más altas a partir de 130.000 euros.
Un texto de cincuenta páginas que terminaron de cerrar ayer, domingo, y que firmaron hoy, también rubricado por los nacionalistas vascos del PNV.
El documento, titulado “Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España”, recoge en 51 páginas un compendio de medidas económicas, sociales, feministas, contra la corrupción y por el cambio climático, entre otras muchas.
En su presentación, Sánchez resaltó que el programa encara “desafíos” para hacer una España “mejor y más solidaria” y con compromisos claros y “una hoja de ruta transparente”. Un programa de gobierno que, a su juicio, combina “la experiencia del PSOE con la frescura de Podemos para afrontar una etapa histórica”.
Sánchez finalizó su intervención en la firma del pacto con Podemos subrayando que espera que “más pronto que tarde” sea una realidad el nuevo Gobierno.
CRITICAS DE LA OPOSICIÓN
Y mientras parece que se despeja el camino para Sánchez, se elevan las críticas y los reproches de la oposición por estas negociaciones y por el papel de la Abogacía.
A las puertas de su tercer intento de investidura -ha vivido otras dos fallidas, una en 2016 y otra el pasado verano-, Sánchez defendió su futuro Gobierno con Podemos y el "reto enorme" que les espera, sin negar que será una aventura compleja.
Y subrayó su optimismo ante la legislatura que le espera, en la que, como ha admitido, tendrá que pactar y dialogar las medidas que tome. Todas y cada una de ellas.
Así, el líder del Conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado, dijo que “hay que investigar y conocer toda la verdad” en torno al informe de la Abogacía, porque “ha resuelto a favor de las tesis que Esquerra plantea” en su negociación con los socialistas.
Y de “infamia” calificó el informe de la Abogacía la portavoz de Ciudadanos (liberales), Inés Arrimadas, que animó a “alzar la voz” a los socialistas contrarios a la “deriva totalitaria” de Sánchez.
La ultraderecha de Vox fue más allá y habló de abuso de derecho y fraude procesal en el informe de la Abogacía y estudia querellarse por prevaricación y revelación de secretos contra los responsables de la filtración de dicho escrito y contra la injerencia política en la Abogacía del Estado.
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