El anuncio la semana pasada de una extensa investigación en España en torno a las acciones de presuntos espías rusos en Cataluña ha vuelto a agitar las aguas en torno a la capacidad, peligrosidad y alcance de las campañas de desinformación e injerencia encaradas por el Kremlin y sus aliados, que parecen estar virando en sus objetivos desde Europa y América del Norte hacia Latinoamérica.
Las actividades de agentes rusos en redes sociales y medios digitales fomentando el disenso mediante el uso de información falsa y otras tácticas comúnmente englobadas en el término “guerra híbrida”, tanto durante la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos como durante el reférendum sobre el Brexit en el Reino Unido, el mismo año, han sido ya ampliamente documentadas, en especial en torno a las acciones de la llamada Agencia de Investigación en Internet (IRA, en inglés) y sus “granjas de trolls”, a las órdenes del presidente ruso Vladimir Putin.
En el caso de la campaña presidencial estadounidense de 2016, el informe del fiscal Robert Mueller publicado este año da cuenta de dos iniciativas diferentes ordenadas por Moscú. En la primera, presuntamente a cargo de la inteligencia rusa, se hackeó la cuenta de correo electrónico de la candidata demócrata Hillary Clinton y se filtraron contenidos. En la segunda, a cargo de la empresa privada IRA que mantiene vínculos con el Kremlin, se lanzó una campaña de noticias falsas en redes sociales, identificando y acechando a votantes independientes y exacerbando divisiones dentro del país.
Las sospechas sobre la existencia de una iniciativa similar por parte de Rusia pero durante el referéndum independentista Cataluña ya se habían difundido en los últimos tiempos, pero la investigación develada el jueves señala algunos detalles contundentes (la mayor parte de la causa se encuentra bajo secreto) sobre las actividades rusas buscando sembrar diferencias, en este caso entre los europeos.
El juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional española, se encuentra desde hace tres meses a cargo de la investigación sobre los movimientos en Cataluña de un grupo militar de élite ruso denominado Unidad 29155, vinculada al Departamento Central de Inteligencia militar rusa (GRU), al que se vincula con supuestas maniobras de desestabilización en Europa, y trata también de averiguar si existen vínculos de la inteligencia rusa con independentistas catalanes.
Castellón instruye también la causa por terrorismo contra siete miembros del llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), un grupo radicalizado de los independentistas Comités de Defensa de la República (CDR). En una pieza separada investiga también por delitos de terrorismo a la plataforma independentista Tsunami Democràtic, promotora de las recientes movilizaciones contra la sentencia de cárcel para los líderes del proceso secesionista catalán, que se saldaron con varias noches de incidentes.
Algunas de las fuentes de investigación consultadas por EFE, aseguran que la causa judicial en la que se investigan los movimientos en España de este grupo de élite del GRU es “autónoma”, si bien otras apuntan a que también hay una derivada para investigar si existe relación con Tsunami Democràtic.
Según adelantó el periódico El País, en 2017, en vísperas del referéndum ilegal secesionista del 1 de octubre de ese año en Cataluña, se detectó la presencia del general Denís Serguéiev, un veterano del GRU, que viajó bajo el nombre falso de Serguéi Fedótov. Según este medio, no es la primera vez que existen sospechas de la supuesta injerencia rusa y de sus espías en el desafío independentista catalán.
Por otro lado, el periódico catalán El Periódico informó el jueves que un enlace del ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia española y exiliado en Bélgica, ofreció, durante unas conversaciones con un ex diputado oficialista próximo al presidente Putin, el reconocimiento de la anexión rusa de Crimea a cambio del apoyo del Kremlin a la independencia de Cataluña.
La Unidad 29155 está acusada de llevar a cabo diferentes acciones de desestabilización en todo el mundo, incluyendo el intento de asesinato del ex espía ruso Serguei Skripal en el Reino Unido en 2018.
También en América Latina
El modelo ruso para las campañas de desinformación y desestabilización, en ocasiones potenciado por aliados del Kremlin como Venezuela, parece estar replicándose en diferentes países de América Latina, donde en los últimos meses se ha registrado una ola de protestas en las calles de Chile, Bolivia y Colombia, y una fuerte polarización en prácticamente todo el resto del subcontinente.
De acuerdo al periodista del periódico español ABC, David Alandente, las agencias estatales rusas Russia Today (RT) y Sputnik, que cuentan con servicios en español, han estado muy activas agitando divisiones en estos países, al igual que la venezolana TeleSur y la iraní HispanTV.
En el caso de Chile, Alandete cita un reporte del Digital Forensic Research Lab (DFRLab), por el cual se registraron un total de 1,1 millones de mensajes lanzados en la red social Twitter desde Venezuela entre el 16 y el 25 de octubre y exclusivamente dedicados a las protestas en el país en el extremo sur.
El 20% de los perfiles que intervinieron en esta campaña estaban claramente identificados con el chavismo y el gobierno del dictador venezolano Nicolás Maduro, alineado con Rusia y enemigo del gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera.
Además, también de acuerdo a DFRLab, TeleSur y RT fueron los medios que más participaron en redes sociales comentando las protestas chilenas, una situación análoga a lo ocurrido con el referéndum independentista catalán de 2017, que fueron ampliamente comentados por ambas cadenas, así como también ocurrió durante las protestas en Ecuador y las más recientes en Bolivia y Colombia.
El gobierno de Estados Unidos incluso acusó a Rusia de interferir en las protestas de Chile. “Tenemos indicios de actividades rusas para dar un curso negativo al debate en Chile”, dijo a la prensa un funcionario del Departamento de Estado que pidió no ser identificado. Esas presuntas incursiones tienen como objetivo “exacerbar las divisiones” en Chile, que había sido considerado hasta ahora uno de los países más estables de América Latina.
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