
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció el miércoles por la noche la instauración del estado de emergencia durante tres meses en Turquía, tras el levantamiento militar frustrado la semana pasada.
"Nuestro consejo de ministros decidió instaurar el estado de emergencia durante tres meses", anunció el jefe de Estado en una rueda de prensa. Esto era "necesario para erradicar rápidamente todos los elementos de la organización terrorista implicada en el intento de golpe de Estado".
Según el presidente turco, la democracia no se verá comprometida en Turquía por el estado de emergencia, ya que este último "busca proteger y reforzar" los valores de "la democracia, la ley y las libertades".

En la noche del 15 al 16 de julio, un intento de golpe de Estado militar dejó más de 300 muertos, 100 de los cuales eran golpistas. Cerca de 55.000 personas, especialmente policías, profesores o militares, fueron suspendidas o despedidas. Más de 9.000 fueron arrestadas.
Antes de la rueda de prensa, en una entrevista de la cadena Al Jazeera, Erdogan consideró que el golpe de Estado "puede que no haya terminado, podría haber otros planes".
"Puede que otros países estén implicados" en el golpe frustrado, agregó Erdogan, sin citarlos.

El presidente turco aprovechó su entrevista televisada para cargar contra las críticas por las purgas de las autoridades turcas. Y, especialmente, llamó al canciller francés, Jean-Marc Ayrault, quien advirtió contra la represión en el país, a "ocuparse de sus asuntos". "Él debería ocuparse de sus asuntos. ¿Tiene la autoridad para hacer esas declaraciones sobre mi persona? No, no la tiene. Si quiere una lección de democracia, puede tener fácilmente una lección de democracia de nosotros", aseguró Erdogan.
Por otro lado, el mandatario turco aseguró que un total de 10.937 personas han sido arrestadas en el país por la rebelión. Aseguró también que los dos pilotos que derribaron un cazabombardero ruso en la frontera turco-siria hace siete meses están detenidos y la Justicia los está investigando por su supuesta pertenencia a la "organización terrorista" del clérigo turco Fetullah Gülen, exiliado en EEUU.

Gülen ha sido acusado por el gobierno turco de estar detrás de la intentona, apoyado por sus seguidores infiltrados en la administración pública, la Policía, la Judicatura y el Ejército.
Consultado por la posibilidad de reintroducir la pena de muerte en Turquía, abolida desde 2004, Erdogan aseguró que si el Parlamento turco respalda esa decisión, no dudará en firmar esa norma "de forma inmediata".
Las medidas adoptadas por Erdogan y la posibilidad de restaurar la pena de muerte han alarmado a la comunidad internacional, y varios gobiernos e instituciones han urgido a Turquía a mantener el respeto de la legalidad y la defensa de los derechos humanos.
"Todas las medidas que estamos tomando son legales y no vamos a violar nunca el Estado de derecho, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de cumplir con el deber que tenemos de cara al país", declaró Erdogan en la cadena de televisión qatarí.
Asimismo, aseguró que la propia OTAN le ha expresado su apoyo en estos días y ha confirmado que Turquía ha pedido la extradición de Gülen a EEUU.
Hasta el momento, Ankara ha suspendido de sus empleos a unas 55.000 personas, desde maestros y arquitectos a jueces, policías y funcionarios de distintos departamentos, acusados de ser seguidores de Gülen, quien ha negado cualquier implicación en la asonada.
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