Estados Unidos comenzó a tomar medidas respecto al contrabando de armas que son compradas en Arizona y posteriormente son enviadas de manera ilegal a México, donde son usadas por los grupos criminales y los cárteles de la droga, principalmente, para cometer una diversidad de delitos.
Y es que en días recientes un gran jurado federal de Tucson presentó un par de acusaciones contra 22 personas relacionadas con el tráfico de armas de fuego, mismas que estarían presuntamente involucradas en alrededor de 100 delitos.
Los fiscales adjuntos Angela W. Woolridge, Matthew C. Cassell y Craig Russell, del Distrito de Arizona, Tucson, son quienes se encargan de la acusación, mientras que la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU lleva a cabo la investigación.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las 22 personas formarían parte de una organización de tráfico de armas con sede en Tucson. Una de las acusaciones fue presentada 15 de septiembre contra 10 individuos, y la segunda fue el 21 de dicho mes contra otros 12 sujetos, aunque no se detalló si ambos grupos están relacionados entre sí.
La primera acusación fue por 51 delitos relacionados con armas de fuego contra: Julián Canastillo, Daniel Canastillo Molina, Omar Trujillo Jr., Carlos Martínez, Nicolas Meraz, Timothy Scott Waltermire Jr., Tylor Cody Joiner, Roy Glen Cline III, Corey Creasia y Davud Rey González.
Según los informes, las armas habrían sido adquiridas a vendedores con licencia en Arizona entre octubre de 2021 y mayo de 2022. Posteriormente los acusados contrabandearon el armamento hacia territorio mexicano.
La segunda acusación fue por 49 delitos en los que estarían involucrados: Víctor Coronado, Fernando Palomares Jr., Julissa Leonor Torres, Carlos Fernando Palomares-Leon, Briana Marie Montpetit, Karla Romero, Avery Danelle Gipson, Kevin Allen Lapedus, Ray Alberto Laborin, Elizar Olivares, Kyle Rene Fazlollah y Ty-Jhay Damon Grigsby.
Victor Coronado, Palomares Jr, Palomares-León, Fazlollah y Olivares habrían supuestamente contrabandeado armas de fuego de EEUU a México entre octubre de 2019 y julio de 2020, entre las que se encontraban pistolas calibre 9 mm, rifles de estilo militar y cerca de sies rifles Barrett 82A1 de calibre 50.
Cabe precisar que la acusación es un método por el que se relaciona a una persona con una actividad delictiva, pero no confirma la inferencia de culpabilidad. En Estados Unidos un individuo es inocente hasta que un jurado establezca lo contrario. De esta manera, los 22 acusados podrían enfrentar una pena máxima de 10 años de prisión.
Estas medidas se dan luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) impulsara en octubre pasado la segunda demanda contra cinco empresas de armas ubicadas en Arizona, luego de que la primera fuera desestimada. De acuerdo con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, las armas que entran al territorio nacional son empleadas para perpetrar delitos como homicidios o feminicidios.
La primera demanda que el Gobierno de México presentó fue ante una corte federal de Boston, Massachusetts, en 2021 contra 11 empresas que fabrican y venden armas en EEUU, debido a los daños causados por sus prácticas negligentes que facilitan el tráfico ilícito de las mismas.
Según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dada a conocer por Milenio, cada día entran a México cerca de 548 armas provenientes del país vecino de manera ilegal, de las cuales solo cuatro son incautadas por las autoridades fronterizas. De esta manera se tiene que al año ingresan ilegalmente más de 200 mil armas y solo mil 398 de ellas son aseguradas.
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