El Caso Ayotzinapa, uno de los principales compromisos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia de derechos humanos, volvió a cimbrarse con la retirada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instancia que reiteró su falta de confianza en las autoridades mexicanas.
La despedida del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ocurrió en medio de múltiples críticas y cuestionamientos a las investigaciones de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) encabezada por Alejandro Encinas, pues lo que se consideraba el pilar de sus avances se ha desmoronado poco a poco.
Y es que las pruebas del informe de la Comisión fueron presentadas en el pasado mes de agosto sin que el GIEI tuviera conocimiento de ellas. La mayor “evidencia” incluida en las investigaciones de Encinas fue una serie de capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre miembros de Guerreros Unidos que, según se reveló recientemente, carecen de todo sustento.
“No es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico”, apuntó Francisco Cox Vial, ya que no hay elementos suficientes que sustenten la fecha de creación original de los mismos ni el tipo de dispositivo celular en donde estaba alojada la cuenta desde la que se habrían tomado las capturas de pantalla de las presuntas conversaciones entre miembros del grupo criminal.
En primera instancia, el mismo Encinas reconoció que la presión ejercida desde Palacio Nacional lo orilló a incluir los mensajes de WhatsApp sin un peritaje previo de la Fiscalía General de la República (FGR). Este lunes, el GIEI ratificó la falta de autenticidad de dichos pantallazos. Por tal motivo resultan inservibles, ya que no pueden considerarse como pruebas digitales para ser judicializadas.
Este ocultamiento de los mensajes a la Fiscalía fue una de las principales fallas de Encinas que, según consideró Raymundo Riva Palacio, constituirían varios delitos que podrían llevarlo a prisión.
“Tendría que acabar en la cárcel”
En su más reciente columna para Ejecentral, el periodista Raymundo Riva Palacio advirtió que el desplome del Caso Ayotzinapa no sólo tendría un duro impacto en el gobierno de López Obrador, sino que podría causar el encarcelamiento de Alejandro Encinas y otros miembros de la CoVAJ.
Y es que “la joya de su investigación”, los mensajes de WhatsApp, “resultó ser una falsa evidencia” que además de haber sido camuflada para la FGR, aún existen múltiples dudas sobre su origen.
En una reciente entrevista con el New York Times, Encinas se limitó a decir que las capturas de pantalla llegaron a sus manos a través de una sola fuente. “No está claro si la obtuvo originalmente Omar Gómez Trejo, el fiscal especial para el Caso Ayotzinapa, reclutado por Encinas después de haber sido secretario técnico del GIEI, o del propio subsecretario”, apuntó Riva Palacio.
Independientemente de quién le habría entregado las conversaciones, al no ser Ministerio Público, el presidente de la CoVAJ habría incurrido en el delito de usurpación de funciones, según un experto en la materia citado por el periodista, pues la “evidencia” no habría sido obtenida por una autoridad competente.
Al ocultar los mensajes de WhatsApp a la FGR por temor a que se filtraran, a “Encinas puede señalársele como un delincuente confeso”, pues “rompió la cadena de custodia”, sentenció el columnista.
Uno de los aspectos más graves que habrían quedado en evidencia con este modo de actuar del titular de la CoVAJ, especificó Riva Palacio, es que para el actual gobierno “lo importante no era la verdad para encontrar a los criminales, sino fabricar criminales a modo”.
Finalmente, el también analista político consideró que tanto Encinas como las personas responsables del “engaño nacional” deberían enfrentar un proceso judicial y “tendrían que acabar en la cárcel”, pues sus aparentes delitos “los hizo con dolo, malicia y perversión”.
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