
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) promovieron una sanción contra Andrea Chávez, diputada federal por Morena, en la que se le retirarían sus derechos políticos-electorales por, presuntamente, incurrir en violencia política de género.
Ante la posible violación de los derechos de la morenista, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) difundió un pronunciamiento oficial, mismo que fue secundado por la International Human Rights Foundation (IHRF) y acusaron que tanto el INE como el TEPJF podrían estar violando, al menos, tres derechos humanos: libertad de expresión, al juicio justo y a la participación política.
Todo esto inició el 24 de noviembre de 2021 cuando, a través de su cuenta oficial de Twitter, Chávez Treviño comenzó una declaración emitida por una militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en relación a Alejandra Frausto, titular de la secretaría de Cultura.
El tuit fue dedicado a Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de San Lázaro. Motivo por el cual el PRD promovió una queja ante el INE, misma que fue llevada a la Sala Regional Especializada del TEPJF y, quienes confirmaron que la abanderada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como otros usuarios de plataformas digitales, incurrieron en la falta señalada.
En consecuencia, promovieron una sanción para la diputada federal, la cual consiste en suspender sus derechos políticos-electorales, con lo cual no podría ser sujeta a aspirar a puestos de elección popular en las próximas elecciones federales de 2024, donde se renueva la Cámara de Diputados y de Senadores.
Ante esta determinación, tanto Morena como la CNDH manifestaron su inconformidad, motivo por el que ambas partes actuaron en consecuencia. Primero, la parte afectada optó por elevar este proceso a la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde espera que los ministros que integran dicho organismo le den la razón a Andrea Chávez y dejen sin efecto la determinación de la Sala Regional Especializada.
Por su cuenta, la comisión a cargo de Rosario Piedra Ibarra señaló que considera que “dichas sanciones representan un retroceso para nuestra joven democracia, toda vez que su implementación puede conducir a actos de autocensura y coerción que limitan el debate público e incluso a atizar el clima de violencia que padecen las y los comunicadores”.
Bajo esta lógica, la IHRF se adhirió al pronunciamiento de la CNDH, “ya que ambos violan, al menos, tres derechos humanos: a la libertad de expresión, al juicio justo y a la participación política”.
Finalmente, Andrea Chávez declaró a medios de comunicación que impugnó la resolución de la Sala Regional para que sea la Sala Superior la que resuelva a su favor. También aprovechó la oportunidad para contestarle a Gabriela Sodi, quien aseguró que la versión de Chávez Treviño es mentira, por lo que invitó a la ciudadanía a consultar el video del congreso, mismo que es de acceso público y retó a la perredista a que demuestre lo contrario.
“En ningún momento la descontextualizo. Ella dice, literalmente, que el Fondo de Cultura Económica no debe de dedicarse a fomentar la lectura”, declaró a medios de comunicación el miércoles 31 de agosto. Cabe recalcar que las declaraciones a las que se refiere la morenista atienden a un postulado en el que se insiste en que sea la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura la que se haga cargo de dicha tarea.
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