Este sábado, Fernando Belaunzarán arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por oponerse a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, un proyecto de ley que se debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e incluso en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH).
El político mexicano aseguró en su cuenta de Twitter, que el mandatario mexicano no entiende la importancia del proyecto.
“@lopezobrador_ no entiende que no entiende. Cuando le hacen ver que la prisión preventiva oficiosa perjudica a los pobres -las cárceles están saturadas de ellos- pide mejores abogados de oficio. Alguien le tiene que explicar el significado de ‘oficiosa’ y ojalá no sea Delfina”, escribió Belaunzarán al referirse a la aún secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez.
Y es que el viernes 26 de agosto, el presidente se pronunció en contra de una eventual aprobación para eliminar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución mexicana, al asegurar que eso beneficiaría a los delincuentes, incluso a “los de cuello blanco”.
Durante su tradicional conferencia mañanera, López Obrador puso como ejemplo el caso reciente de la detención de José Bernabé Brizuela, alias “La Vaca”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en Colima y quien el pasado miércoles, un juez determinó no vincularlo a proceso, aunque no saldrá libre ya que tiene vigentes otros procesos penales.
“Ahora estamos viendo infinidad de casos de jueces (que liberan detenidos). Esto que pasó hace dos días que se detiene a un señor promotor de violencia en Colima y un juez lo libera. Fíjense, cuando lo detienen hace como tres días, pone un mensaje la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno diciendo felicito a las autoridades (...) y el juez por cualquier pretexto, excusa, decide liberarlo.. Afortunadamente quienes están ahí informan y se busca y hay dos o tres órdenes de aprehensión aparte de esa, y de delitos graves, y aquí volvemos a lo mismo, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial?”, enfatizó el mandatario federal.
Fue entonces que el mandatario cuestionó el trabajo del Consejo de la Judicatura Federal, la cual se encarga de revisar que los jueces actúen con rectitud, por lo que, preguntó “Qué hace” esta institución.
“Encima de eso, ahora están por resolver el que ya no haya detenciones oficiosas y que los jueces puedan decidir, pues es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, no se olvide, delincuentes de cuello blanco”, enfatizó.
Al cuestionar los señalamientos -como el del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar- que aseguran que en México se ha abusado de la prisión preventiva justificada y quienes más la padecen son los pobres al no tener una defensa adecuada, el mandatario aseveró que esto es responsabilidad del Poder Judicial.
“Porque el Poder Judicial no los defiende, el Poder Judicial debería de tener un buen sistema de defensoría de oficio y debería de funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura”, insistió al tiempo que reconoció que las personas más pobres son los que más padecen de los abusos judiciales, al no tener una defensa jurídica adecuada.
Aseguró que aunque considera al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, como un hombre íntegro, no está de acuerdo con el proyecto que se analiza en el máximo tribunal del país e insistió que desaparecer la prisión preventiva oficiosa no solo significaría beneficiar a los delincuentes, sino tendría repercusiones como la pérdida de vidas humanas.
“Esto significa pérdida de vidas humanas, no solo de quienes son víctimas que pertenecen a la sociedad civil sino también de los elementos de la policía, del Ejército, de quienes se atreven a actuar con rectitud. Los mismos jueces están expuestos.. son temas muy interesantes que se tienen que revisar a fondo y yo no estoy a favor”, acentuó.
Cabe destacar que el mismo viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano eliminar la prisión preventiva oficiosa así como la figura del arraigo, luego de analizar el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, dos ciudadanos mexicanos quienes permanecieron en prisión preventiva oficiosa por más de 17 años, por su presunta participación en el asesinato en 2001 de María de los Ángeles Tamez Pérez, ex regidora de Atizapán, Estado de México.
La comisionada Esmeralda Arosemena, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que Daniel y Reyes sufrieron detención arbitraria, que viola el principio de inocencia.
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