
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) ha comenzado las discusiones referente a la figura de la prisión preventiva oficiosa con el objetivo de determinar si es contraria a la Constitución Mexicana.
Pese a que el Gobierno de México ha abogado por la medida al considerarla esencial para que “presuntos criminales no se sustraigan de la acción penal”, el ministro, Luis María Aguilar, la señaló como “un disfraz” para violar los principios de presunción de inocencia y los derechos humanos. De ahí la razón por la cual propuso el debate de la misma.
Fue bajo ese tenor que el polémico Javier Lozano se unió a discusión y se pronunció en contra de la postura del Federal - que el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había expresado con antelación -, a la cual tachó de ser “una oda a la estupidez”.

La prisión preventiva oficiosa consiste en privar a un individuo de su libertad temporalmente cuando se le imputen los delitos previstos en el artículo 19 de la carta magna, tales como feminicidio, violación, secuestro, homicidio doloso, trata de personas, entre otros.
Cabe señalar que esta medida cautelar es dictada automáticamente por un juez; uno de los tantos factores que la diferencian con la justificada, la cual es solicitada por el Ministerio Público ante un juez una vez recabados los medios de prueba y supuestos específicos.
Es por ello que el Ejecutivo se pronunció en contra de la eventual inhabilitación, al advertir que los jueces estarían más expuestos a la corrupción y violencia si se les concede la autoridad de decidir quién queda en libertad: “Tiene que buscarse un mecanismo para que la justicia sea expedita. No utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra”, atajó López Obrador.
Fue así que el también militante por Acción Nacional (PAN) - a través de su cuenta de Twitter - contradijo al tabasqueño y lo acusó de ignorar el sistema penal acusatorio y, por lo mismo, “pisotear el principio de presunción de inocencia”.
“Considere a las víctimas”: el llamado de presidencia a la SCJN
Fue a través de un comunicado que la Presidencia de la República solicitó al órgano, presidido por Arturo Zaldívar, no terminar con la prisión preventiva oficiosa, pues, aseveró, ésta permite que los criminales no evadan la justicia.
Asimismo, argumentó que dicha medida también protege a las víctimas y testigos de que los posibles agresores emprendan represalias en su contra. Así lo volvió a reiterar Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad, durante la mañanera de este 25 de agosto:
“Si se está al arbitrio de que cada detención por estos delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no, esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y también incrementaría la peligrosidad para los propios jueces, para la victima que se atreve a denunciar; para los testigos, y para la sociedad”, aseveró.
No obstante, cabe recordar que el ministro presidente Zaldívar se expresó a favor de la revisión al señalar que “no se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la Constitución, sino de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional”.
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