El pasado miércoles 22 de junio, con una ceremonia simbólica, dieron comienzo los trabajos y tareas de investigación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de la violaciones graves a los Derecho Humanos cometidas de 1965 a 1990, creada por decreto presidencial en octubre de 2021.
Con ello, se inauguraron las actividades del grupo cuyo objetivo es transparentar hechos y brindar justicia a las víctimas de desapariciones forzadas y torturas por parte del Estado mexicano en la segunda mitad del siglo XX, esto es, en el periodo de la denominada “Guerra Fría”.
No obstante, las familias de las víctimas desaparecidas y violentadas por el poder político de ese entonces, no hallaron paz en las palabras expresadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ni el secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval.
El Comité Eureka y la organización Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. México), protestaron en el Campo Militar No. 1, por el discurso que manejaron las autoridades al no reconocer la culpabilidad del Ejército en la represión de la época y señalaron que la Comisión buscaba solo verdad y “reconciliación nacional”.
Denunciaron además que en la ceremonia, hubiera poca presencia de población civil, pero muchos elementos del Ejército, cuerpo que estuvo activo durante ese momento de la historia y cuyo nombres, comentó el titular de la SEDENA, serían remarcados en un memorial como militares caídos:
“Aquí están presentes algunos de los militares y familiares que fueron afectados por los hechos ocurridos en aquel entonces. Con orgullo les expreso que el propio mandatario [López Obrador] autorizó a inscribir los nombres de militares fallecidos con motivos de los hechos del pasado, en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida”, dijo el funcionario.
Fue en ese momento, que los familiares interrumpieron a Sandoval con consignas, e hicieron visible su molestia levantándose para exigir la aparición con vida de las personas desaparecidas: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se escuchó retumbar en el recinto en respuesta a lo que calificaron como una afirmación “provocadora”.
También lanzaron consignas para referir que el Ejército había cometido asesinatos en contra de luchadores sociales: “No podemos quedarnos calladas y quietas si dicen que los militares son víctimas. No pueden decir que siguieron órdenes”, expresaron.
Tania Ramírez, hija de Rafael Ramírez, desaparecido en el mismo Campo Militar No. 1, aseguró que el acto simplemente se trató de un “informe de labores” y una “provocación” al colocar en las mismas condiciones a los perpetuadores y las víctimas.
Por su parte, Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos Merino, desaparecida por el Ejército el 5 de enero de 1978, condenó la ausente participación de la Fiscalía General de la República (FGR), institución que consideró vital para sumar personal ministerial a los procesos de investigación.
Participó igualmente, Micaela Cabañas Ayala, hija del Lucio Cabañas, activista y peleador por lo derechos campesinos que fue perseguido y asesinado por militares:
“Por más de 50 años la familia Cabañas ha sido invisibilizada, han querido borrar toda esta historia que tenemos que contar; sin embargo estamos aquí y les decimos: con nada nos van a pagar lo que pasamos y sufrimos, con nada nos van a regresar a nuestros familiares que quedaron a la espera de justicia. Se están yendo y no llega la justicia”, mencionó.
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