
El pasado 22 de mayo, efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron en las aguas de Acapulco, Guerrero, a cinco hombres que transportaban en un bote más de una tonelada de cocaína.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que un juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio vinculó a proceso a los detenidos por su probable comisión en el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, con la agravante de haberlo cometido en pandilla.
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La institución precisó la cifra exacta de la droga decomisada: mil 222 paquetes que contenían un total de mil 217 kilos 522 gramos de cocaína. A los cinco responsables se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el CERESO de Acapulco, Guerrero, también conocido como “Las Cruces”.
Sin embargo, lo más llamativo del decomiso de poco más de una tonelada de cocaína fue que tres de los detenidos —Erick “E”, Jaime “A” y Rufino “H”—son de nacionalidad mexicana, mientras que los otros dos —Liter “A” y Luis “M”— son de nacionalidad ecuatoriana.
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Lo anterior puso de manifiesto que la cocaína es el vínculo que une a las bandas criminales de Ecuador con los cárteles mexicanos. Y es que, de acuerdo con un análisis de Insight Crime, organización especializada en temas de seguridad y narcotráfico, la ruta desde Colombia pasando por Ecuador para llegar a México es un “pilar importante en el tráfico global de cocaína”.
Más precisamente, una parte de la violencia que actualmente vive el país sudamericano podría estar íntimamente ligada con las actividades de los cárteles mexicanos en la región, pues se sabe que han pactado negociaciones con bandas locales para establecer rutas de trasiego del estimulante, cuya producción a nivel mundial pertenece mayoritariamente a los países andinos suramericanos, aunque con mayor relevancia en Colombia y Perú.
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Estas negociaciones de los cárteles mexicanos con bandas locales de Ecuador estarían provocando, según la organización, guerras internas que se traducirían en un incremento de la violencia en el país del Cono Sur.
De hecho, se ha reportado que Los Choneros, una de las pandillas más antiguas del Ecuador y que actúa desde los 90, estarían transportando cargamentos de cocaína exclusivamente para el Cártel de Sinaloa; mientras que sus rivales estarían haciendo lo mismo pero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Tras el violento motín que se vivió al interior de la cárcel Guayas 1, la más importante del puerto de Guayaquil (suroeste ecuatoriano), que dejó al menos 68 presos muertos, las autoridades de Ecuador afirmaron que los dos cárteles más grandes de México están detrás de las guerras entre pandillas.
“Ya no nos enfrentamos a la delincuencia común sino a los más grandes cárteles de la droga de todo el mundo”, advirtió el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en noviembre pasado. “Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico”.
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Para los expertos, la violencia en el país se recrudeció cuando las bandas criminales locales comenzaron a trabajar para el Cártel de Sinaloa y el CJNG. En los años previos a la explosión de violencia las autoridades habían detectado la irrupción del Cártel de Sinaloa, quienes a través de alianzas con Los Choneros, empezaron a transportar cocaína desde la frontera colombiana hasta Guayaquil y otras ciudad portuarias.
Sin embargo, a principios de 2021, varias subestructuras de Los Choneros iniciaron una especie de rebelión, lo cual desató una serie de masacres al interior de varias prisiones a lo largo de todo el año. A esas nuevas células disidentes de Los Choneros les han llamado en otras ocasiones Nueva Generación, en franca alusión a sus presuntos vínculos con el CJNG.
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Las autoridades de Ecuador no descartan la hipótesis de que tanto el Cártel de Sinaloa como el CJNG proporcionan armas y dinero a sus respetivos aliados como un modo de proteger sus rutas de cocaína en dicho país.
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