Alejandro Moreno presentó en días pasados una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Layda Sansores por la publicación de audios en los que supuestamente el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lleva acabo actos de corrupción.
Y por medio de su cuenta oficial de Twitter, compartió el acuse de la denuncia, pero además señaló que en el caso de los audios estaría implicado el ahora fiscal del estado de Campeche, Renato Sales Heredia.
Ya que en la publicación mencionó que se le acusa de haber “robado” a la Policía Federal un programa de espionaje israelí durante su gestión como Comisionado Federal de Seguridad (2015-2018), por lo que también presentó una denuncia en contra de este ante la Auditoria Superior de la Federación.
<b>¿Quién es Renato Sales Heredia?</b>
Sales Heredia es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios de maestría en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con la página de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Tiene 32 años de experiencia en el sector público iniciando su carrera en el Poder Judicial Federal en 1986 especializando en área penal.
De 1998 al 2006 servidor público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en donde ocupó diferentes cargos, como Coordinador de Asesores del Subprocurador de Procesos; Coordinador de Asesores del Procurador General de Justicia del Distrito Federal; Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, y Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales.
Del 2007 al 2009 se desempeñó como Asesor del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y después Procurador General de Justicia del Estado de Campeche donde se mantuvo hasta el 2013 cuando fue nombrado Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la extinta Procuraduría General de la República.
Y en 2014, fue designado como el primer titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro. Y fue hasta el 2015 que fungió como Comisionado Nacional de Seguridad hasta el 2018. Actualmente es Fiscal General del Estado de Campeche, cargo que ocupa a partir del 16 de septiembre del año 2021.
Además en 2020 contendió por la gubernatura del estado de Campeche por el Partido del Trabajo (PT) y en 2021 por el gobierno municipal de Campeche al lado de Morena con Layda Sansores.
Cabe señalar que estuvo envuelto en la polémica por el controvertido caso de la matanza en Nochixtlán en el 2016. Dicho caso se trató de un operativo fallido para retirar a manifestantes que bloqueaban el paso de la carretera federal de Oaxaca de Juárez con la Ciudad de México.
Policías federales y estatales llegaron al municipio de Asunción Nochixtlán, para retirar el bloqueo de una semana por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tras la detención de dos de sus principales líderes para exigir la liberación inmediata de los detenidos.
En la operación, los elementos judiciales y federales acudieron con armas, gas lacrimógeno y toletes contra los manifestantes. Hubo un saldo de 8 muertos y un centenar de heridos por arma de fuego.
En ella se han señalado como responsables a Sales Heredia, el entonces presidente Enrique Peña Nieto; el ex secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong; el ex titular de la División de Fuerzas Federales; enrique Galindo Ceballos, y Gabino Cué.
Además Sales Heredia se desempeña como docente en el Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
<b>Acusación de Alejandro Moreno</b>
En la denuncia presentada por Moreno Cárdenas señala que no cumplió con su trabajo de supervisar y garantizar el desempeño honesto de su personal en la Policía Federal, pues tenía la obligación de coordinar e impulsar mejoras en el sistema para la recolección de datos para la prevención de delitos.
Dicha obligación, según señala el documento, no fue cumplida debido a que el proyecto “Plataforma del Sistema de Explotación de la Información e Inteligencia”, elaborado por la empresa Rafael Advanced Defense Systems LTD., no fue implementado en las divisiones de la Policía Federal.
Y señaló los pagos en exceso de infraestructura en el hardware y software de los que se identificaron únicamente las facturas, lo que causó un daño a la Hacienda Pública Federal de 807 millones 659 mil 404 pesos.
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