“Fideicomisos no son ilegales, están amparados por ley”: INE respondió a Pablo Gómez por Revocación de Mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que los dos fideicomisos con los que cuenta se encuentran amparados en la ley, en su autonomía y su operación es transparente, esto, en respuesta a las críticas que recibió por parte de Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien reprochó al órgano por no acceder a utilizar sus fondos para la consulta de Revocación de Mandato.

A través de un comunicado, el INE explicó que los fideicomisos con los que cuenta son el Fondo para Atender el Pasivo Laboral, cuyo objetivo es la protección de los derechos de las y los trabajadores, y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria, que también incluye el Fondo para la Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos.

Estos recursos “tienen funcionamiento totalmente diferente, es decir, destino u objeto, fuente de financiamiento, comité, reglas de operación y cuenta bancaria, entre otros”, señaló.

El órgano indicó que los fideicomisos no pueden utilizarse para un fin distinto al que fueron creados, debido a que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 11 que “la unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, o que coordine su operación, será responsable de que se apliquen a los fines para los cuales fue constituido el fideicomiso”.

Por ello, reiteró que “los fideicomisos no son ilegales” ya que se encuentran sustentados desde la Constitución Política, que determina que el Instituto Electoral contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio de su función.

“En conjunto, los fideicomisos tienen un saldo de mil 353.09 millones de pesos, de los cuales sólo 626.15 millones de pesos se encuentran disponibles, pero no pueden usarse para otros fines que los especificados”, agregó.

El órgano electoral precisó, además, que el ejercicio de estos fideicomisos es transparente, ya que se informa trimestralmente a la Junta General Ejecutiva del estado que guardan los recursos y dicho informe se hace público en su sitio web.

“En el ejercicio de los fideicomisos se atiende la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente RAP20/2022, que señala, con mucha claridad, que una de las cuestiones que tiene que atender el Instituto con los recursos, en particular de este año, es el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la institución”, concluyó.

Y es que el pasado 12 de abril el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez, cuestionó al Instituto Nacional Electoral por la escasa instalación de casillas que desplegó para la consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de su cuenta oficial de Twitter, el político manifestó que el voto en el ejercicio democrático debía ser obligatorio, por ello, acusó al organismo de su poca disponibilidad para llevar a cabo la organización de la consulta e incentivar la participación ciudadana.

En el mensaje, Gómez Álvarez aseguró que el INE no instaló suficientes casillas para el ejercicio porque “retuvo” millones de pesos en “ilegales fideicomisos”.

“La Constitución (35.I) señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La ‘autoridad electoral’ nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo mil 360 millones en sus ilegales fideicomisos”, escribió.

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