A casi dos años de imponer prisión preventiva a July Raquel “N” el 22 de marzo comenzó el juicio en su contra. Este 24 de marzo es el tercer día de la audiencia.
Cabe recordar que en febrero de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación sobre el caso, en el que señalaron que la joven fue obligada, por medio de tortura, a declararse culpable de un crímen que no cometió: la Fiscalía General del Estado (FGE) la acusa de haber participado en el asesinato de la rectora de la Universidad de Valladolid, Guadalupe N, ocurrido el 29 de junio del 2020 en el fraccionamiento Bugambilias del municipio de Emiliano Zapata.
Apenas el 23 de marzo la ONG Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusó al Tribunal Superior de Justicia de Veracruz de haber negado el ingreso a la audiencia a representantes de su organización y a otras personas.
El juicio sigue en proceso y se espera la resolución del caso, el cual desde el comienzo fue señalado por organizaciones debido a que presentaba diversas irregularidades.
El 31 de enero, la CNDH emitió la recomendación 51 VG/2022 en la cual se expresó que July Raquel fue golpeada, amenazada, torturada y abusada sexualmente por elementos de la Fiscalía de Veracruz durante su traslado de la Ciudad de México a la entidad veracruzana. Esto con el fin de que aceptará ser incriminada en la presunta participación del homicidio de la rectora de la universidad de Valladolid, Guadalupe Martínez.
Así lo externó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras realizar una amplia investigación del caso que implicó la aplicación de pruebas médicas y psicológicas, como el Protocolo de Estambul, el cual se realiza para detectar posibles síntomas de tortura en una persona.
La CNDH subrayó que, tras la aplicación de dicho protocolo se dictaminó que July Raquel posee secuelas físicas y psicológicas derivadas de la tortura sexual como “insomnio, ansiedad, hipervigilancia, respuesta exagerada de sobresalto, rechazo a la interacción con hombres y alteración de su respuesta sexual”.
Sin embargo, más de 20 días después, el plazo que tenían para que tanto el gobierno como elementos de seguridad veracruzanos aceptaran la recomendación emitida se venció.
Ante ello, el Centro Prodh ha asegurado que la recomendación continúa sin ser aceptada por la fiscalía, ni el gobierno del estado. A esto se suma el hecho de que la misma organización ha a cusado a las entidades gubernamentales de opacidad en el caso.
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