Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, conminó a las autoridades electorales de México a respetar los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pues consideró que las resoluciones y acuerdos recientemente emitidos por dichas autoridades violentan la libertad de expresión y acceso a la información.
En ese sentido, San Lázaro difundió este domingo 13 de marzo un comunicado en el que sentencia que el diputado abanderado por la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) promueve que la libertad de expresión y el derecho a la información son preceptos consagrados en la Carta Magna, por lo que deben ser respetados por todos, incluidos el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral de la Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como los tribunales e institutos locales.
Afirmó que el grado de avance en los ejercicios de participación democrática que alcanzaron al país, no admiten “distorsiones por parte de actores que pretenden restringir la libre manifestación de las ideas expresadas a través de medios tradicionales, redes sociales o espacios públicos”.
Señaló que la democracia en México se verá beneficiada en la medida en que la ciudadanía tenga la capacidad de discernir respecto a los fenómenos que la acontezcan. “Se trata de garantizar un derecho fundamental que no puede ser restringido”, afirmó en virtud de promover la formación de criterios de las y los mexicanos.
De acuerdo con el 6° constitucional, “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”; asimismo, el 7° dicta que es “inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos”.
“Estamos a favor de la libre expresión, el diálogo y la democracia, no de las censuras previas y distorsiones a nuestro marco legal que, por supuesto, vela por los derechos de las y los mexicanos”, sentenció Gutiérrez Luna.
Asimismo, para poder garantizar el derecho a la libre expresión por parte de las personas servidoras públicas, recordó que, recientemente, la Cámara de Diputados aprobó, con 268 votos a favor y 213 en contra, la reforma al Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental.
La votación realizada el jueves 10 de marzo determinó que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público.
Sin embargo, se debe de contemplar que este proyecto de decreto debe de ser ratificado por el Senado de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que dicha reforma tenga vigencia y validez, de lo contrario, continuará siendo un proyecto.
En consecuencia, el Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que se busca atropellar los límites de la propaganda gubernamental porque los tribunales electorales están para sancionar el uso de recursos públicos con fines partidistas y para eso se han establecido las vedas electorales.
Paulina Rubio, del albiazul, dijo que la iniciativa “transgrede el proceso legislativo y el principio de democracia” y subrayó que “resulta invasivo de las facultades constitucionales del TEPJF porque busca imponer criterios de resolución en la forma de decreto”.
Y es que la reforma de Gutiérrez Luna pretende modificar el concepto de propaganda gubernamental contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), esto para especificar que si las menciones de procesos electorales o de la Revocación de Mandato o en otros procesos electorales no se hacen con cargo al presupuesto, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público, no serán tomadas en cuenta como propaganda.
Si se llega a ratificar esta reforma, las y los funcionarios podrán realizar publicaciones en sus redes sociales tanto en favor como en contra de cualquier proceso electoral aún si se encuentra en tiempos de veda. Lo cual, al contemplarse en el contexto histórico vigente, se entiende que podrían realizarse diversas deliberaciones respecto a la Revocación de Mandato.
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