Reforma Eléctrica: el autoabasto en realidad es reventa ilegal “disfrazada de socios”, señaló especialista

Este martes 15 de febrero se llevó a cabo el Foro 19 del Parlamento Abierto para discutir la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en donde se discutió el papel social de las empresas generadoras de energía, así como su desarrollo productivo, por lo que se volvió a organizar un panel de especialistas que se postularon tanto en favor como en contra.

Cabe destacar que el Foro “Visión Social y Desarrollo Productivo de la CFE”, fue el último de la discusión parlamentaria que inició el 17 de enero, por lo cual ya sólo queda el paso a la discusión entre diputados en el pleno de la Cámara y su respectiva votación. En este sentido, la decisión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) será determinante para la reforma, pues es el único partido que no ha definido su postura.

Raúl Jiménez, abogado general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue uno de los panelistas que más llamó la atención, pues además de tener su participación programada, se dedicó a contestar varias preguntas de los diputados que acudieron al lugar.

Primero señaló que “los esquemas de autoabasto son total y definitivamente ilegales”. Al respecto, especificó que hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que esa actividad es para el autoconsumo, y que la generación para venta a terceros, “disfrazados de socios”, es contraria a la esencia y límites legales del autoabastecimiento.

Explicó que los permisos de generación “que amparan ese fraude a la ley, son total y definitivamente ilegales”, cabe recordar que éstos fueron posibles gracias a la reforma del 2013 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. También subrayó es falsa la versión propalada por voceros empresariales en el sentido de que la Corte había declarado válidos y legales los autoabastos irregulares.

A pregunta expresa de Manuel Herrera, de MC, el abogado de la CFE señaló que esta reforma necesariamente se debe de hacer de manera constitucional, pues con anterioridad se había promovido un decreto a las leyes secundarias del ramo eléctrico; sin embargo, ésta fue refutada en los tribunales por los generadores privados, mismos que argumentaron alegatos constitucionales para ganar.

Argumentó que la mayoría de las centrales tiene operaciones irregulares y venden energía a 77 mil “socios de paja” en un mercado paralelo que daña los intereses legítimos de la CFE. Afirmó que no hay forma de resolver “esta trabazón de tipo judicial y la cerrazón absoluta en el sector privado de la industria eléctrica, si no es a través de una reforma constitucional”.

Asimismo, señaló que no hay ninguna violación al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), pues el Capítulo 8 de éste permite legislar de manera libre y soberana sobre la constitución de cada nación.

Basado en datos oficiales, agregó que el modelo impuesto a la CFE ocasiona una pérdida económica de 438 mil millones de pesos y que los Certificados de Energía Limpia (CEL) han pagado 6 mil millones de pesos a 335 mil centrales privadas y si siguen vigentes en 20 años serán 100 mil millones de pesos. Aunado a esto, subrayó que la CFE, al ser un organismo del Estado, preserva los intereses de la nación y de visión social que actuará en beneficio de los que menos tienen.

Finalmente, dijo que no existe un riesgo de contrapesos en la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Control de Energía (CNCE), pues la Secretaría de Energía (Sener) y la CFE absorberían las funciones de estos organismos reguladores autónomos.

“Serán las y los legisladores quienes, por medio de la legislación reglamentaria, consignen elementos, candados y controles para evitar un ejercicio disconforme de las nuevas funciones”, señaló como garantía de que el ejecutivo no será el poder hegemónico que regirá el sector.

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