La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó este miércoles la petición del partido Morena de ordenarle a las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) reducir sus salarios con el fin de tener más recursos para realizar sin problemas la consulta popular de Revocación de Mandato, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El magistrado José Luis Vargas explicó que el INE goza de una autonomía presupuestal la cual es fundamental en su independencia y división de poderes, por lo tanto, no se le puede mandar que haga recortes específicamente en áreas en las que el partido está interesado.

Además, dijo que sí se realizaron adecuaciones integrales tanto en las áreas encargadas del procedimiento de Revocación de Mandato como en su presupuesto ordinario.

Por su parte, el presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez, estimó que los ajustes realizados por el INE están encaminados a garantizar el debido desarrollo del proceso revocatorio, bajo el contexto, las restricciones y las condiciones del presupuesto que le fue aprobado para este año.

Por tanto, “no se advierte una vulneración al procedimiento o a los derechos que deben salvaguardarse”, concluyó.

Lo anterior fue aprobado por mayoría de 6 votos, con el voto en contra del magistrado Indalfer Infante quien explicó que su negativa deriva en que esta queja era de materia administrativa y no un asunto electoral.

Morena alegó que el INE hizo ajustes directos a los costos de la consulta, pero no a su presupuesto interno y solicitó que se le ordenara aplicar ahorros directos, principalmente en los salarios de los consejeros, así como de aquel personal de primer nivel.

Incluso, el presidente López Obrador ha exigido en reiteradas ocasiones al INE, bajar los sueldos de sus altos funcionarios y desaparecer los fideicomisos de retiro y separación, así como el de mejoramiento inmobiliario, para utilizar esos recursos “en favor de la democracia”.

Rechazan ajuste y diseño de la boleta

Por otra parte, la Sala Superior rechazó este 2 de febrero por mayoría de votos la propuesta para hacer un ajuste en la pregunta y el diseño de la boleta para la consulta popular, como incluir la fecha (“hasta el 30 de septiembre de 2024″) que termina su periodo para evitar confusiones en la ciudadanía sobre qué es lo que estarán votando.

La impugnación fue presentada por el empresario Gustavo de Hoyos Walther y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico Asociación Civil, pero la mayoría de los magistrados se pronunciaron en contra del proyecto al considerar que tanto el ciudadano como la asociación carecen de interés jurídico para impugnar la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM).

Vargas agregó que la Sala Superior no tiene facultades para entrar en el análisis de la constitucionalidad de la pregunta, mucho menos después de que, ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la pregunta, por lo que emitió su voto en contra “en aras de no entrar e un principio de contradicción con el máximo tribunal de este país”.

Cabe mencionar que el ejercicio democrático se celebrará el próximo domingo 10 de abril.

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